La constatación de que son numerosas las familias vecinas de parques públicos de viviendas cuyas condiciones económicas les impiden hacerse cargo de las obligaciones que conlleva la rehabilitación de su casa ha llevado al Grupo Popular en el Cabildo de Tenerife a presentar una moción en la que solicitan al pleno de la Corporación que se haga cargo de estas cantidades.

El presidente del Grupo Popular, Manuel Domínguez, explicó que los convenios para la rehabilitación de viviendas que cofinancian el Estado, la Comunidad Autónoma y el Cabildo y los ayuntamientos correspondientes reservan una parte del coste de la actuación que debe ser sufragada por los propietarios de las viviendas. Estas cantidades oscilan en torno al 10% del coste total, si bien se producen diferencias importantes que van desde el del 3,42%, caso del convenio de la cuarta fase de La Verdellada, en La Laguna, al 14,05%, caso del Barrio de Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz. En casos particulares son los propios ayuntamientos los que se hacen cargo de la parte que le correspondería pagar a los vecinos. Domínguez ha constatado que, especialmente en los últimos tiempos, son numerosos los vecinos que debido a la pasada crisis económica se ven en la imposibilidad de pagar la parte correspondiente. Por este motivo, y en base a la mejoría de la economía insular que se prevé en el próximo ejercicio -con la previsión de un crecimiento del 50% en el capítulo de inversiones- Domínguez considera de “justicia social” y exige a la Corporación insular que se haga cargo de las obligaciones económicas que no pueden afrontar los propietarios de viviendas públicas sujetas a proyectos de rehabilitación.

La moción del Grupo Popular solicita del pleno de Cabildo que pongan en marcha un paquete de ayudas destinadas a sufragar total o parcialmente el porcentaje de participación de los particulares en los Convenios de Rehabilitación de Vivienda incluidos en el Plan estatal 2013-2016. Dichas ayudas, cuya afección a las arcas está por determinar, se concederían a las personas físicas propietarias de inmuebles en situación de precariedad.