Análisis

Semana clave para el desafío catalán

Mañana, justamente mañana, lunes, 9 de noviembre, se cumple un año de la consulta-farsa que, suspendida cautelarmente por el Tribunal Constitucional el 29 de septiembre anterior, pretendía conocer la opinión de los ciudadanos acerca de si la comunidad autónoma de Cataluña debería convertirse en Estado y si, en tal caso, debería ser independiente. En el proceso, que duró varios días y estuvo sujeto a no pocas irregularidades, votaron 2,3 millones de personas mayores de 16 años y extranjeros residentes, que equivalía al 33% del censo, de las cuales un 80,7% lo hizo afirmativamente en los dos casos.

La cuestión es que un año después, este lunes, en reunión matinal, el pleno del Parlamento de Cataluña iniciará a las 10 de la mañana el debate y posterior votación de la resolución independentista presentada por Junts pel si y la CUP a la Mesa de la Cámara y tramitada por ésta, en la que se declara el “inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de República” y de ponerlo en “conocimiento del Estado español, de la Unión Europea y del conjunto de la comunidad internacional”. La resolución subraya que el Parlamento catalán es el “depositario de la soberanía y expresión del poder constituyente”, y como tal debe adoptar las medidas necesarias para abrir este “proceso de desconexión democrática, masiva, sostenida y pacífica con el Estado español”, de manera que permita el “empoderamiento de la ciudadanía a todos los niveles en base a una participación abierta, activa e integradora”.

Como remate, se señala también que en este proceso nadie se supeditará “a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional (TC), a quien consideran “deslegitimado y sin competencia” sobre cuestiones de Cataluña, desde que matizó algunos aspectos del Estatuto de Autonomía revisado. De ahí que se inste al Gobierno a “cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos emanados” del Parlamento, a fin de “blindar los derechos fundamentales que puedan estar afectados por decisiones de las instituciones del Estado español”.

Los independentistas catalanes, con mayoría absoluta en la cámara autonómica, se consideran legitimados por el “mandato democrático” resultante de las elecciones del 27 de septiembre y prevén que en un plazo máximo de 30 días se inicie la tramitación de las “leyes de proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública”, que deben servir para poner las bases de estructuras de Estado imprescindibles para la mentada “desconexión democrática”. Como dijo la ambiciosa golpista institucional y presidenta del Parlamento, la menuda Carme Forcadell, en su discurso de investidura, “nuestro adversario es el Estado español, debemos tenerlo muy claro, y los partidos españoles que hay en Cataluña, como Ciudadanos y el Partido Popular. Por tanto, estos son nuestros adversarios; el resto somos el pueblo catalán”.

Me sorprende que el Gobierno no recurriera al Tribunal Constitucional la admisión a trámite de la resolución de independencia -lo que sí hicieron PP, Ciudadanos y PSOE con argumentos jurídicos que parecen sólidos y muy respetables-, pero me extraña aún más la resolución que desestimó los de las dos primeras formaciones políticas citadas. Ya sé que el TC no es un tribunal al uso, ni forma parte del Poder Judicial; es un tribunal político y ni siquiera sus miembros tienen que proceder de la carrera judicial. Pero a veces cae en contradicciones sorprendentes que mueven a la incredulidad y suscitan dudas sobre la imparcialidad del tribunal garantista.

En esta ocasión, el pleno del TC ha rechazado la aplicación de las medidas cautelares planteadas contra la declaración independentista -pese a que la ley, dice tan alta instancia institucional, “permitiría suspender cautelarmente la ejecución de cualquier acto que sea objeto de un recurso de amparo”-, para facilitar que el Parlamento, “como uno de los fundamentos del sistema democrático” sea “la sede natural del debate político”, cuya viabilidad “no debe condicionar anticipadamente”, aun a riesgo de que el pleno de mañana apruebe una declaración acorde con la propuesta tramitada y de que las asambleas parlamentarias, en su condición de poderes constituidos, “deban velar porque sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución”.

El argumento puede ser irreprochablemente democrático, pero en la declaración que se tramita se vulnera a conciencia el orden constitucional. El mismo el TC ha sentenciado varias veces que las Mesas de las cámaras legislativas pueden paralizar aquellas propuestas que, de forma “palmaria y evidente”, sean contrarias a la Constitución. El 4 de noviembre de 2003, la Mesa del Parlamento vasco admitió a trámite la propuesta de reforma del Estatuto vasco, el llamado Plan Ibarretxe, y al fallar el recurso presentado contra ese acuerdo, el TC dijo que la Mesa de un Parlamento autonómico tiene la facultad de “inadmitir de plano” las iniciativas que vulneren de forma palmaria la Constitución. También insistió el 7 de mayo de 2012 en la misma idea al sentenciar los recursos de amparo de un grupo de diputados de la Asamblea de Madrid: El trámite de admisión, dejó dicho, “no puede ser utilizado para imponer el parecer de la mayoría política de la Mesa frente a la pretensión de las minorías (…) Las Mesas pueden rechazar escritos en los que se planteen cuestiones entera y manifiestamente ajenas a las atribuciones de la Cámara”. Y el 25 de marzo del pasado año, el mismo TC apuntaba sobre la posible legalidad del ejercicio de derechos democráticos que es válida “siempre que se produzca dentro de los cauces legales y con absoluta lealtad constitucional”.

¿Alguien puede creer que en Cataluña y sus instituciones controladas por los independentistas se ofrece hoy un mínimo de lealtad institucional? Si fuera así, el presidente del Gobierno no habría realizado una declaración solemne nada más conocer el texto de la propuesta independentista. “No vamos a adelantar acontecimientos, pero quiero lanzar un mensaje de tranquilidad: el Estado tiene instrumentos para evitar el disparate que están tramando”, dijo Rajoy desde La Moncloa. Se trata del mayor desafío planteado al Estado desde la entrada en vigor de la Constitución del 78 en una especie de reedición de la serie de dislates periódicos imaginados por el nacionalismo catalán más radical e intempestivo con el fin de crear lo que con aguda imaginación el catedrático Ortega Carcelén llama una “construcción paralela de la realidad”, como el Quijote, que de tanto leer libros de caballerías creyó que el mundo era como él quería que fuese y no como era en verdad.

También el lunes, pero en sesión de tarde, el pleno del Parlamento escuchará el inicio del debate de investidura del único candidato a la presidencia de la Generalitat, Artur Mas, quien expondrá su programa de Gobierno y al día siguiente será replicado por los portavoces de los grupos parlamentarios. Para que sea elegido deberá lograr la mayoría absoluta de los 135 diputados de la cámara. Si no saliera seleccionado, se repetiría la votación dos días después y al candidato le bastaría la mayoría simple para acceder a la presidencia. Si tampoco lo lograra -todo depende de la CUP, que hasta ahora se niega a apoyar a Mas-, la presidenta de la cámara debería proponer otro candidato en el plazo de dos meses y repetir el proceso. Y si, transcurrido ese nuevo periodo, no se hubiera nombrado presidente, el actual en funciones, Artur Mas, tendría que convocar nuevas elecciones que deberían celebrarse entre 40 y 60 días después de su convocatoria.
Con este panorama, el Gobierno se enfrenta esta semana a un desafío para el que hoy por hoy sólo se advierte una salida jurídica. Es cierto que al margen del problema legal existe uno muy grave de fondo -que unos dos millones de catalanes no se sienten cómodos en España-, pero esa realidad política no puede imponerse mediante la extorsión, el chantaje, la vulneración de las leyes y del Estado de Derecho. Aquí no hay soberanías, ni consultas ilegales, ni interpretaciones espurias, ni mandatos democráticos que valgan; hay un incumplimiento sistemático de las leyes al que hay que poner coto con la ley en la mano, aunque los acuerdos del Parlamento catalán sean papel mojado al carecer de fuerza jurídica. Lo he dicho unas cuantas veces: no se puede dialogar con quien no está dispuesto a rectificar su loca carrera hacia el abismo y sólo quiere imponer sus criterios por encima del Derecho y de las más elementales formas de convivencia. Contra el golpismo, el secesionismo y la ruptura social, el imperio de la ley, las instituciones del Estado, la contundencia política y la firmeza democrática, dentro de la moderación y la proporción, en defensa del orden constitucional y la legalidad vigente. Es lo que deseamos la mayoría de los españoles, incluidos los catalanes, por supuesto.