El plazo para registrar las peticiones de devolución del proyecto de ley de los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma finalizará este jueves. Tres de los seis grupos del Parlamento regional han avanzado su intención de solicitar la retirada: PP, Podemos y Nueva Canarias, que tendrán ocasión de defender su postura el 24 de noviembre durante el debate de primera lectura. La tramitación se prolongará hasta el 22 de diciembre.
No solo los partidos políticos analizan las cuentas, que ascienden a 7.071 millones de euros. También las organizaciones empresariales y sindicales están machacando las calculadoras. En concreto, el secretario general de la UGT en Canarias, Gustavo Santana, renuncia a presentar una simbólica enmienda a la totalidad. “El Gobierno de Fernando Clavijo tiene razón en el sentido de que está condicionado por las exigencias que vienen de Bruselas y el cumplimiento de la regla del gasto”, reconoce en declaraciones al DIARIO. “Lo que sí vamos a hacer, junto a Comisiones Obreras, es proponer correcciones parciales. Creemos que hay margen para arreglar algunos desajustes”. La intención de las centrales más representativas es reunirse con los portavoces parlamentarios. A bote pronto, Santana observa un corte continuista: “Se podría haber elaborado unos presupuestos más ambiciosos para que de verdad se produjera un cambio con respecto a los de años anteriores, pero se descuidan los ingresos y tampoco encontramos referencias al fraude fiscal”.
Acerca de la tasa turística, Gustavo Santana aprovechó la convocatoria del Consejo Económico y Fiscal (CES), la semana pasada, para denunciar ante la patronal turística la “incoherencia” de rechazar el cobro de una cuota por estancia, por temor a espantar a la clientela, y sí encarecer las ofertas. “Como saben que la demanda no solo no se frena, sino que se acelera, lo que hacen es subir los precios para obtener más beneficios empresariales. Ahí se demuestra el egoísmo y la avaricia del sector empresarial. El efecto psicológico será para ellos, que van a recibir más dinero”. El dirigente ugetista plantea que, aparte de esos “legítimos” beneficios, se aplique la “justicia social”, dotada con 100 millones por la vía recaudatoria, y que, en cualquier caso, se limite el coste de los paquetes.
Desde CC.OO., Carmelo Jorge se ha manifestado “radicalmente en contra” de la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones, porque considera que salen ganando los ricos.