No voy a descubrir la especial sensibilidad social de la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Patricia Hernández. Ya la manifestó antes de acceder al Ejecutivo, en su etapa de militante de base y luego como diputada nacional y senadora. Puede que todo devenga de su origen humilde o de sus deseos de superación curricular, pero en cualquier caso es bueno que un dirigente público proyecte una imagen de preocupación por los más desfavorecidos de la sociedad y luego demuestre con hechos concretos que teoría y práctica se hacen un todo uniforme. En este caso, resulta además una obligación añadida en función de las responsabilidades que como consejera de Empleo, Vivienda y Políticas Sociales desempeña la consejera. El caso es que la señora Hernández, con el respaldo del Gobierno, va a modificar el vigente sistema de concurso para la adjudicación de viviendas de protección oficial. El injusto sorteo actual lo mismo premia a alguien que presenta menores necesidades objetivas que deja fuera a quien de verdad precisa una vivienda; de ahí que resulte más equitativo y transparente un sistema de baremación por puntos que tenga en cuenta los niveles de renta y la situación personal, social, económica y familiar de los aspirantes y circunstancias como la discapacidad, el número de hijos menores, la posible violencia doméstica sufrida, etc. Una política similar debería propiciar la Consejería para cumplir la ley de dependencia y pagar la prestación canaria de inserción, dentro de las posibilidades presupuestarias, que seguramente deberá revisar antes de que llegue el verano del próximo ejercicio. No pocas familias se encuentran en situación de emergencia social porque no cobran a su debido tiempo las ayudas prometidas o establecidas por el Gobierno, de ahí la importancia de atenderlas cuanto antes, más aún ante la proximidad de las fiestas de Navidad, Año Nuevo y Reyes. Todo es poco cuando se trata de ser justos y solidarios con quienes menos tienen y más necesitan de la solidaridad ciudadana. Desgraciadamente no se puede hacer lo mismo en lo que atañe a la creación de empleo, pero bastará con que las empresas encuentren un marco adecuado de incentivos y posibilidades y la Administración saque adelante las mejores políticas activas y de formación posibles.