A veces, como es el caso, hace falta contarlo al revés para valorar correctamente una decisión. En primer lugar, recordemos qué ha pasado, y refresquemos el titular, Bermúdez ordena la demolición del mamotreto al concluir los servicios jurídicos de Urbanismo que el alcalde incurriría en prevaricación si no tira el edificio. Tal cual. Sin azúcares añadidos.

La Dirección Técnico Jurídica de la Gerencia ha emitido un informe -y van tres, solicitados por el propio alcalde- para determinar si hay planeamiento futuro o en vigor que permita mantener la parte del mamotreto que no invade servidumbre pública, documento en el que se establece que el Plan Especial de Ordenación del frente de la playa de Las Teresitas no es instrumento ni constituye norma para legalizar las obras acometidas y declaradas judicialmente ilegales. Con contundencia, detalla los motivos por los que no se puede mantener el mamotreto -abundando de esta forma en idéntica línea que los informes anteriores, por cierto- y echa por tierra la idea de que a través del Plan Especial de Las Teresitas se podría mantener la mayor parte del edificio. Dice más. En este sentido, desmonta cualquier posibilidad de mantener en pie el edificio y advierte de que podría incurrirse en prevaricación urbanística de producirse la legalización de la obra (cuánto daño ha hecho a gente que conozco, y respeto, el dichoso edificio). ¿Qué debe hacer Bermúdez? ¿Cuál es su obligación? ¿Qué decisión tiene que adoptar? El alcalde ha actuado correctamente. Ordenar la redacción del proyecto de demolición es hacer lo que se debe. Razones tendrían algunas voces en arremeter contra él si otro fuera el titular, Bermúdez desoye a los servicios jurídicos y rechaza la demolición del mamotreto. Esto sí sería de traca. Si otra llega a ser su decisión, entonces sí, habría que echarse las manos a la cabeza. Pero, no. No es el caso. Basta contarlo así, al revés, para ver con claridad que el alcalde se ha limitado a cumplir con su obligación.