Antonio Luis Sosa Carballo, concejal de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arona en el mandato 2007-2011, no tendrá que acudir el próximo 12 de enero, en calidad de acusado, al inicio del juicio del llamado caso Arona 1, en donde se juzgará a políticos, empresarios, arquitectos y policías por una supuesta trama de corrupción política.
Sosa Carballo queda liberado del macrojuicio al haberse juzgado ya su intervención dentro del procedimiento abierto en su día por el juez instructor Nelson Díaz, en la pieza separada que quedó vista para sentencia ayer, tras dos días de juicio en el que el exconcejal se sentó en el banquillo de los acusados junto al exalcalde José Alberto González Reverón, por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación urbanística, por lo que el Ministerio Fiscal mantiene la pena de un año de presión y 10 de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público. Antonio Sosa, tras las conclusiones del fiscal y la defensa, se mostró confiado de quedar absuelto, pues el propio Ministerio Fiscal habló de acusaciones con “poco recorrido”. Precisamente, del caso Arona 1 se desgajó la pieza separada juzgada el jueves y viernes en la sección sexta de la Audiencia Provincial, al no haber otra acusación sobre Antonio Sosa que las ocurridas en el mandato 2007-2011, cuando en realidad la acusación contra las otras 15 personas está basada en hechos que ocurrieron con anterioridad, concretamente en el mandato 2003-2007, el primero como alcalde de José Alberto González Reverón, que sí tendrá que regresar al banquillo de los acusados, junto a casi todo el grupo de gobierno de aquel entonces. El Gobierno municipal será juzgado por presuntamente adoptar desde el inicio de 2004 hasta finales de 2006 casi 300 acuerdos de concesión de algo más de 200 licencias urbanísticas que, supuestamente, contaban con advertencia de ilegalidad y 75 expedientes de contratación con informes en contra. José Alberto González Reverón está acusado de presuntamente haber cometido delitos continuados de prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Al exalcalde se le considera responsable de presuntamente conceder licencias contraviniendo la legislación vigente en urbanismo y emplear el cargo para obtener o conceder favores.
El sumario recoge acusaciones como autorizar construcciones ilegales, favorecer a empresas al otorgarle concesiones de forma directa, dar empleos públicos a familiares y conocidos, tanto en concesionarias como en el Ayuntamiento o haber mediado para retirar sanciones a allegados.