santa cruz de tenerife

Bermúdez encarga el proyecto de la demolición integral del mamotreto

MAMOTRETO LAS TERESITAS
El edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas. / S. M.

A la tercera va la vencida. Al menos así se puede entender la orden dada ayer por el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, para que se redacte el proyecto de demolición integral del edificio de aparcamientos a medio terminar que se alza en la cabecera de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto. El alcalde dictó esta orden después de que se hiciera público que los servicios jurídicos de Urbanismo ya habían emitido, el 10 de diciembre, el último informe solicitado por Bermúdez, el tercero sobre el asunto, para determinar si hay planeamiento futuro o en vigor que permita mantener la parte del mamotreto que no invade servidumbre pública. El citado informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, concluye que, “el Plan Especial de Ordenación del Frente de la playa de Las Teresitas no es instrumento ni constituye norma para legalizar las obras acometidas y declaradas judicialmente ilegales”.

El informe de la Dirección Técnico Jurídica de la Gerencia Municipal de Urbanismo desgrana, a lo largo de 20 páginas, los motivos por los que no se puede mantener el mamotreto y lo hace de manera contundente, recordando en más de una ocasión que ya se había pronunciado en la misma línea en los dos informes anteriores y que emite el actual ante la insistencia del alcalde a través de la última providencia. De esta forma, los servicios jurídicos de Urbanismo echan por tierra la idea de que a través del Plan Especial de Las Teresitas se podría mantener la mayor parte del edificio. Concretamente, señala el informe “la imposibilidad de legalizar obras decretadas, por sentencia firme, judicialmente ilegales a través de los instrumentos de planeamiento”. Añade que, “no existe normativa territorial y urbanística que permita la legalización de la obra de los aparcamientos”, para continuar detallando que que “no ha habido cambios en las circunstancias fácticas o jurídicas que hagan modificar las consideraciones de los informes anteriores”. Por si había alguna duda sobre la interpretación de la sentencia y las providencias posteriores emitidas por el juzgado exigiendo el cumplimiento de la sentencia, el documento señala que “no se ha invitado a esta administración, ni en la sentencia de instancia, de segunda instancia, ni en posteriores resoluciones judiciales, a legalizar vía planeamiento obras decretadas ilegales, puesto que de producirse sería nula y contraria de pleno derecho”. Advierte, además, en este caso la responsable de los servicios jurídicos de Urbanismo, Luisa del Toro, que argumentar lo contrario “podría dar lugar a la comisión de un delito de prevaricación urbanística y un nuevo atentando grave a la colectividad”.

Punto tras punto el informe desmonta cualquier posibilidad de mantener el mamotreto en pie. “Ningún planeamiento saneador no autoriza a inejecutar sentencias” o “el cambio de un planeamiento no implica de forma automática la legalización de las edificaciones que no cumplen con la normativa anterior”, son algunas de las afirmaciones recogidas en este documento.

Aclaran los servicios jurídicos, por si quedaba alguna duda, que al no haberse aprobado el Plan Especial no ha habido excepcionalidad ni circunstancias sobrevenidas que haga imposible el cumplimiento de la sentencia. “Utilizar el Plan Especial como instrumento para legalizar las obras sentenciadas como ilegales hace incurrir en la denominada insinceridad de la desobediencia disimulada, que se traduce en aquellos casos en que la administración renuente al cumplimiento del fallo propicia una modificación del planeamiento urbanístico para enervar su ejecución”.

Contundencia

A pesar de la contundencia que se desprende del informe jurídico de Urbanismo, el Ayuntamiento señalaba ayer que, una vez dada la orden de redactar el proyecto de demolición integral del edificio de aparcamientos, en los próximos días los servicios jurídicos de la Corporación estudiarán a su vez “el alcance del informe emitido por la Dirección Técnico Jurídica de la Gerencia de Urbanismo”.
Recuerdan desde el Consistorio, apelando a su colaboración con el juzgado, que se han venido dando los pasos necesarios para el cumplimiento de la sentencia.

“¿Cuántos informes necesita el alcalde?”

Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fue el primero que hizo pública la existencia del informe que ha dado pie a que el alcalde se decida a ordenar la redacción del proyecto integral de demolición del mamotreto. Ayer, Trujillo, a través de un comunicado, señalaba que el “Ayuntamiento tiene que derribar sí o sí el mamotreto, ya que, según el último informe de los servicios jurídicos, podría incurrirse en la comisión de un delito de prevaricación urbanística”. El edil afirmó que el alcalde se equivocaba al decir que podría prevaricar si ordenara el derribo del mamotreto cuando “es al revés, ya que podría prevaricar si preservara alguna parte”.

El edil señaló que “el alcalde Bermúdez tiene tres informes jurídicos que le dicen los tres que no puede legalizar ninguna parte del mamotreto a través del planeamiento”. “Ahora la pregunta es cuántos informes más necesita Bermúdez para ejecutar la sentencia”, dijo.