El proceso judicial por el derribo del Teatro Atlante continúa su trámite por la vía penal. En esta oportunidad, han sido citados a declarar tres técnicos del Ayuntamiento de La Orotava implicados en las actuaciones emprendidas durante la demolición del cine-teatro, en junio de 2003, para construir un edificio de viviendas y garajes.

La noticia fue adelantada ayer por la Cadena Ser y constatada por este periódico. Los tres funcionarios del área de Urbanismo deberán prestar declaración los días 11, 12 y 15 de febrero a las 10.00 horas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de la Villa. La denuncia que inició esta vía penal fue presentada por la Coordinadora Ecologista El Rincón el 18 de septiembre de 2004, por considerar que las demoliciones del teatro y las casas adyacentes podrían ser constitutivas de un delito contra el patrimonio histórico.
En el mismo caso también están imputados el exalcalde Isaac Valencia; el actual concejal de Hacienda, Juan Dóniz, quien entonces desempeñaba sus funciones como responsable del área de Urbanismo, y los citados técnicos municipales, ya que desde el Consistorio se concedieron las licencias a la empresa Pejomar para poder derribar el emblemático inmueble.

El concejal de Urbanismo, Narciso Pérez, confirma que tiene constancia de la citación de los técnicos, quienes, además, “han propiciado que se produzca para colaborar, aportar toda la documentación y esclarecer lo ocurrido”. Durante el proceso, que lleva casi 12 años, nunca se les había tomado declaración y, por lo tanto, entiende que es “un paso más”.

Un momento clave

Sobre todo, añade el edil, en un momento “clave”, propiciado por el grupo de gobierno (CC), para adquirir la parcela y que esta pase a titularidad municipal, aunque todavía no se ha definido su uso, que será consensuado entre todas las fuerzas políticas.
Los momentos más álgidos de este caso se vivieron en marzo de 2005, cuando los vecinos lograron paralizar la demolición e impedir que se concretara.

Desde entonces, el solar en el que se ubicaba el inmueble, situado en la calle de Juan Padrón, presenta un estado ruinoso. Ello ha sido motivo de críticas al Gobierno municipal durante los últimos años y de varias propuestas de mejora por parte de los partidos de la oposición. En enero de este año declararon el arquitecto Joaquín Galera, quien a petición de la Coordinadora elaboró un informe técnico sobre el estado del inmueble histórico situado en el número 26 de la calle de Nicandro González Borges; Carlos Alonso Labrador, quien en 2004 se encontraba en la Sección Técnica de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo; Santiago Febles Martell, quien en el mismo año era técnico de administración general del Cabildo; y José Carlos Cabrera Pérez, técnico de la comisión insular de Patrimonio.