CD TENERIFE

Concepción mueve ficha

Miguel Concepción junto a Paulino Rivero, en los recientes actos de homenaje al expresidente Javier Pérez. / SERGIO MÉNDEZ
Miguel Concepción junto a Paulino Rivero, en los recientes actos de homenaje al expresidente Javier Pérez. / SERGIO MÉNDEZ

El CD Tenerife ha encargado al prestigioso jurista Martín Orozco Muñoz, doctor en Derecho y abogado del Estado en excedencia, un informe para aclarar si la entidad perdería las cantidades que tiene firmadas con la Consejería regional de Turismo, en concepto de contraprestación publicitaria, en el caso de que Paulino Rivero acceda a la presidencia de la entidad antes de dos años después de su salida de la presidencia del Gobierno de Canarias.

Aunque pasó desapercibida, esta acción la anunció el dirigente palmero en un desayuno de trabajo que mantuvo con representantes de los medios de comunicación. “Es nuestra obligación analizar cualquier tipo de situación. Tenemos la responsabilidad de defender los intereses de nuestro club hasta el último día, si es beneficiosa o perjudicial. Es la obligación del club recabar toda la información posible y ver si hay o no incompatibilidad”, dijo el presidente el pasado 18 de noviembre.

Será el exdirector general y actual consultor del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, redactor de varias normativas y autor de diversas publicaciones relacionadas con el sector jurídico, Martín Orozco, quien opine si es real la supuesta incompatibilidad de altos cargos de la Administración que comprometería los 3,4 millones de euros, repartidos en los próximos cuatro años, que firmó Paulino Rivero un mes antes de la celebración de las elecciones del pasado mes de mayo.

El citado acuerdo de patrocinio plurianual contempla una extensión de cuatro temporadas, comenzando en la presente y con una partida de 700.000 euros que se incrementaba a razón de 100.000 euros cada año, hasta llegar a un millón de euros en la partida de la temporada 2018-2019.

Hecho a la prisa
La reciente aparición de un informe cargado de numerosas imperfecciones formales, encargado supuestamente por la Consejería de Hacienda y avalado por los servicios jurídicos y Presidencia del Ejecutivo, aparece en escena pocos días después de que, en su edición del pasado 9 de diciembre, DIARIO DE AVISOS desvelara otro informe, igualmente firmado por Francisco Plata Medina, viceconsejero de los Servicios Jurídicos, que confirma que dicho organismo no había evacuado información alguna sobre las posibles consecuencias que para el Club Deportivo Tenerife tendría la llegada a su presidencia de Paulino Rivero. Este papel surge después de la petición de una accionista del club que se interesó por la primera documentación que hace referencia a esta ley de incompatibilidades de altos cargos, que fue desvelada por la Cadena SER el 4 de noviembre, aunque los papeles que posteriormente vieron la luz en una web no mostraban en absoluto su procedencia, ni su fecha, ni quién avalaba la información.

El pasado 14 de diciembre, la citada emisora publica otro informe, facultativo en este caso, solicitado por la Consejería de Hacienda, de fecha también desconocida, y en el que se citan varias sentencias del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y de la Audiencia de Las Palmas.

Informe solicitado por Hacienda. / CADENA SER
Informe solicitado por Hacienda. / CADENA SER

Un informe plenamente atípico e irregular

El informe que se atribuye a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias es un compendio de cómo no se tramitan habitualmente tales documentos, según detallan los juristas consultados por este periódico, que no dudaron en mostrar su asombro al observar que fue elaborado ignorando el procedimiento habitual y reglamentario, siempre tomando como referencia el anticipado por la Cadena SER en su web.

Lo primero que llama la atención del documento en cuestión es la firma conjunta, ya que además del titular de los servicios jurídicos figura la del secretario general de Presidencia.

Por un lado, en el decreto que regula los servicios jurídicos se aclara que solo podrán evacuar informes del mismo su titular y los abogados adscritos al mismo.

Por otro, entre las funciones del secretario general de Presidencia no figura la de hacer informes facultativos para Hacienda o cualquier otra área que no sea la propia Presidencia.

Precisamente, los juristas no recuerdan haber visto jamás un informe de los servicios jurídicos que no lleve su membrete, ya que este porta justo el de Presidencia.

Tampoco parece atinado el modelo de informe. Hay de dos tipos: preceptivo y facultativo. Éste es facultativo, un modelo que según la normativa solo se puede pedir desde un centro de dirección y no desde un área o departamento, como es el caso (Consejería de Hacienda). Para solicitar un informe facultativo debe aportarse una relación de antecedentes de hecho que, si existe, alguien olvidó añadirlo al propio informe. Además, si se tratase de una consulta excepcional, el reglamento vigente exige un estudio exhaustivo previo que habría sido despachado con tres folios.

Por último, también han causado sensación las citas recopiladas, descritas por los juristas como una amalgama entre clásicos con definiciones de conceptos básicos y alusiones desconcertantes a temas que se antojan lejanos al asunto.

En resumen, los juristas consultados entienden que se trata de un informe atribuido a los servicios jurídicos que, desde el punto de vista procedimental, poco parece que tiene que ver con los mismos.