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Denuncia el embargo de su pensión no contributiva

Según los apartados 1 y 2 del artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean inferiores al salario mínimo interprofesional (648,60 euros al mes) no podrán ser embargados. Teniendo en cuenta esta premisa legal, una anciana de Santa Cruz de Tenerife ha presentado una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número 6 contra el Ayuntamiento capitalino y una entidad bancaria, a los que acusa de bloquearle la cuenta corriente en la que recibe su pensión no contributiva (466,90 euros). Según expone en su denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico, la mujer, de 72 años de edad y con una discapacidad reconocida del 65%, fue al banco hace unos días para sacar dinero para comprar alimentos y se encontró que la entidad le había retenido los 198,45 euros que le quedaban en la cuenta. Al preguntar al responsable de la sucursal, le respondió que el Consistorio les había hecho llegar una diligencia de embargo por el retraso en el pago de unos impuestos municipales.

Siempre según la afectada, es la cuarta vez que le ocurre la misma situación, y a pesar de que ha presentado diversas reclamaciones tanto en el Ayuntamiento como en el banco, no ha recibido respuesta. Por ello, esta vez ha decidido acudir al juzgado para interponer una denuncia contra ambos, porque entiende que su pensión es “inembargable”. La mujer asegura que no dispone de otros ingresos, ni ayuda familiar, por lo que necesita imperiosamente esta ayuda económica.

Según exponen al DIARIO varios letrados, “no deberían embargarle la cuenta a esta mujer, ya que está en condiciones de justificar que en ella solo llega como ingreso su pensión, que es inferior al salario mínimo interprofesional, y no percibe otros ingresos”. Las mismas fuentes reiteran que “el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil dice que no pueden embargarse salarios, pensiones, etc., que sean inferiores a ese salario mínimo, por lo que es lícito que esta persona haya acudido al juzgado o al organismo que haya ordenado la retención, para solicitar que la dejen sin efecto”.

En esta línea, la mujer insiste en que ha aportado los justificantes correspondientes, como su cartilla bancaria y un extracto de los dos últimos meses. Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid concluía que las pensiones no contributivas, como las de invalidez, no se pueden embargar, dado que “son necesarias para que estas personas puedan atender con razonable dignidad su subsistencia”. El citado tribunal estimaba un recurso planteado por un dependiente al que se le embargó el complemento a una pensión que recibía por su discapacidad, que en total sí superaba el salario mínimo interprofesional. El juez recalcó que su decisión, sobre la que no cabía recurso, estaba directamente relacionada “con la dignidad de la persona, en base a la tutela constitucional de derechos fundamentales”.