La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha dado un plazo de 10 días a los profesores para cumplir la exigencia de presentar un certificado probatorio de que nunca han sido condenados por delitos contra la libertad sexual, para así al fin dar cumplimiento a una ley que está en vigor desde el pasado mes de agosto.

Esta reacción del departamento que dirige Soledad Monzón llega después de que el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes crease un Registro de Delincuentes Sexuales, cumpliendo así con el plazo de seis meses dado en la referida norma, que es la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Sin embargo, ese plazo dado a la Administración no era tal para la ciudadanía, que debía de cumplir con la ley desde agosto. Este incumplimiento de la normativa vigente, que es generalizado ya que otros sectores como la Iglesia tampoco cumplen con el requisito legal aún, ya fue denunciado por DIARIO DE AVISOS el pasado mes.
Al menos, Educación acepta el consejo dado por sindicatos como ANPE y da la opción a los trabajadores a facilitar sus datos a la propia Consejería para que sea esta la que tramite el referido certificado. En caso contrario, para cumplimentar con el trámite en el referido plazo de 10 días deben esperar a que el ya mencionado Registro de Delincuentes Sexuales esté ya en funcionamiento, porque en caso contrario tendrán que acudir al Registro de Penados.

Comisiones Obreras lamentó ayer lo que considera “petición masiva y temeraria” de antecedentes penales al personal educativo de Canarias, al entender que era mejor esperar a que el Registro de Delincuentes Sexuales apruebe “un protocolo específico y garantista”, en clara alusión al conflicto que puede suponer respecto a la Ley de Protección de Datos la cesión de determinada información personal.