POR A.M.S.
“No se ha evacuado informe alguno sobre la cuestión planteada”. La Viceconsejería de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias ha respondido en estos términos a la petición de una accionista del CD Tenerife que se interesó por el contenido de un supuesto informe de la Administración regional sobre las consecuencias que implicarían para el equipo representativo la llegada a la presidencia de Paulino Rivero.
La carta, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, fue firmada el 30 de noviembre por el viceconsejero Francisco Plata Medina y no deja lugar a duda alguna respecto de la pregunta de la socia tinerfeñista. “Le significo a usted que en esta Viceconsejería de los Servicios Jurídicos no obra petición de informe y por lo tanto no se ha evacuado informe alguno en relación a la cuestión planteada”, recoge el escrito oficial.
El desmentido oficial implica que el Gobierno de Canarias no se ha pronunciado sobre la supuesta incompatibilidad en la que incurriría Rivero, de acceder a la presidencia del CD Tenerife, al ser la entidad beneficiaria de un convenio de patrocinio publicitario de la marca Islas Canarias aprobado por el ejecutivo presidido por el propio Rivero.
La normativa de aplicación sobre el procedimiento en las administraciones públicas obliga a que cualquier informe que deba emitir un letrado de la Comunidad Autónoma sea a instancia de parte, esto es, que un tercero dentro de la misma administración (el mismo presidente del Gobierno o un consejero del Ejecutivo canario, en este caso) debe dirigirse por escrito a los Servicios Jurídicos exponiendo el hecho hipotético sobre el que requiere la opinión fundada de un abogado. Este procedimiento garantiza que la petición se ajusta a la ley, que tiene un fundamento razonable y que persigue la defensa del interés público. Se evita, así, la arbitrariedad en la solicitud de este tipo de documentos, según confirman a este periódico técnicos conocedores de esta práctica, que aseguran que la respuesta del viceconsejero Plata Medina (un magistrado que se encuentra en comisión especial para poder ejercer ahora como cargo político) es la lógica. “Como bien dice, no hay informe porque no ha habido petición. Y si no hay petición, no hay papel que valga”, añaden.
La existencia del supuesto informe fue aireada el 4 de noviembre, primero atribuyendo la autoría del dictamen a los propios servicios jurídicos de la Administración regional y luego aludiendo, a secas, a “un informe”.
El documento, del que se mostraron inicialmente algunos fragmentos y luego se conoció al completo a través de una página web, cuestiona la compatibilidad de Rivero como exalto cargo con su posible elección como presidente del CD Tenerife y llega a poner en duda la validez del contrato publicitario si se diera esa circunstancia. A partir de un dictamen del que aún se desconoce el autor y, mucho menos, el promotor de su redacción -por más que las primeras informaciones apuntaran a la misma Presidencia del Gobierno-, la teoría del informe apócrifo se utilizaba como apoyo para llegar a la conclusión de que la elección de Rivero como rector del CD Tenerife implicaría la anulación del convenio de patrocinio, con la devolución de la anualidad 2015-2016 ya percibida y la renuncia a las tres adicionales que contempla. El quebranto económico para el club representativo se cifraría en un total de 3,4 millones de euros, según los medios que han dado carta de veracidad a tres folios de los que nadie se ha atrevido a hacerse responsable, una vez descartada la participación de los letrados del Gobierno de Canarias. La difusión del informe ha sido utilizada para erosionar la candidatura de Rivero a la presidencia tinerfeñista, en una maniobra preventiva, pese a que ni la junta general en la que debe producirse el relevo de Miguel Concepción ha sido convocada, ni tampoco el propio Rivero ha confirmado que optará a la presidencia.
Así, las elucubraciones apoyadas en el dictamen fantasma han servido para elaborar todo un proceso de intenciones futuras del Gobierno de Canarias -apertura, a petición de la Consejería de Turismo, de un expediente de resolución sobrevenida del contrato publicitario que daría por hecho la incompatibilidad de Rivero- con un final preconcebido que implicaría para el CD Tenerife la pérdida de los ingresos por patrocinio de la marca Islas Canarias. La tesis sostenida por los divulgadores del informe apócrifo olvida, además, que llegado el caso de un aparente conflicto de intereses en la persona de Rivero, el propio Gobierno de Canarias estaría obligado a evacuar, cuando menos, una consulta al Consejo Consultivo de Canarias para establecer su mejor parecer sobre el asunto.
Paulino Rivero ha declinado pronunciarse sobre la contestación remitida por el viceconsejero Plata Medina a la accionista que instó la petición de información. Preguntado por este periódico, el expresidente regional se limitó a contestar que hablará “a su debido tiempo”. Otras fuentes cercanas a Rivero sí confirmaron la “indignación contenida” que le ha provocado una maniobra “que solo persigue dañar su imagen pública insinuando que ha dado un trato de favor al CD Tenerife”.