sanidad

El Gobierno regula la prescripción enfermera entre durísimas críticas

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer, dos meses después de que fuera aprobado por el Consejo de Ministros, el Real Decreto que regula el uso, indicación y autorización de medicamentos por parte de los enfermeros, lo que se conoce como prescripción enfermera. El sector ha recibido la normativa con durísimas críticas y anuncios de movilizaciones para que se anule lo que consideran ilegal y “una traición del PP”, en palabras del presidente del Colegio de Enfermeros de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Rodríguez.

Las críticas de los profesionales se centran en el artículo 3, en el que se establece que para que los enfermeros usen un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el correspondiente profesional prescriptor (el médico) haya determinado previamente el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.

Además, el Real Decreto obliga a los enfermeros a contar con una acreditación emitida por la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para poder suministrar un medicamento sujeto a prescripción.

Por tanto, el texto aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy no ha sido modificado pese a las advertencias de la profesión enfermera de que convocarían movilizaciones por toda España y de que, incluso, acudirían a los tribunales si no se modificaba el referido artículo 3, al entender que es “una ilegalidad absoluta que rompe con el Estado de Derecho”. En concreto, con esta norma, ya en vigor, los enfermeros deberán contar con el consentimiento de un médico cuando administran una vacuna al paciente después de realizarle una valoración clínica; cuando utilizan cremas -a veces con antibióticos- o apósitos medicamentosos para curar heridas, quemaduras o úlceras por presión; o cuando regulan la medicación a los pacientes crónicos en las consultas de enfermería. También en casos de asistencia de equipos de Urgencia (donde a menudo no viaja un médico), o las unidades de cuidados críticos; al administrar heparina en los hospitales para evitar la coagulación de la sangre en las vías que están puestas pero no abiertas; o, en el caso de las matronas, cuando gestionan un parto de forma autónoma y prescriben diversos medicamentos, por ejemplo, cuando nada más llegar al hospital le administran oxitocina a la parturienta.

“GRAVE COLAPSO”
La Mesa de la Profesión Enfermera, formada por el Consejo General de Enfermería y el sindicato Satse, criticó ayer al Gobierno por “aprovechar la resaca postelectoral” para publicar la norma y anuncian movilizaciones y acciones jurídicas e informativas para evitar su aplicación. Insisten en que la medida “abocará al Sistema Nacional de Salud a un grave colapso y parálisis asistencial” ya que les deja “atados de pies y manos”.

En la misma línea se pronuncia el presidente de los enfermeros tinerfeños, José Ángel Rodríguez, que no descarta que comunidades autónomas como la canaria impugnen el real decreto. Para Rodríguez, el cumplimiento estricto de esta norma tendrá consecuencias en el sistema de salud y para los pacientes, puesto que a su juicio supone un retroceso en la actividad que en buena parte ya venían realizando estos profesionales y que requerirá la autorización del profesional médico.