A comienzos de año el Gobierno se planteó una reforma de la Ley Tributaria que sacó adelante; entre otras cosas contenía la denominada publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias, de manera que todos los que tengan deudas y sanciones tributarias pendientes de ingreso que superen el 1.000.000 de euros y que no hubiesen sido pagadas transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, saldrán en la lista.
Durante su tramitación, el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia propuso además añadir otra lista en la que se publicarán los infractores tributarios; indicaba que los fines pretendidos no se alcanzarán si a la lista de morosos no se añade una lista de infractores. Además, por parte de Izquierda Unida trataban de mejorar la publicación: identificando la provincia del domicilio de los deudores, mejorar las garantías de la notificación y ampliar el acceso al listado de tres hasta los seis meses. Sea como fuere, el proyecto salió adelante y la Ley General Tributaria añadió un nuevo artículo 95 bis, de manera que el primer listado que se elaboró en aplicación de este artículo se publicó, como estaba previsto, durante el último trimestre y tomó como fecha de referencia el 31 de julio de 2015, por tanto, habrá quien figure en la lista y en la actualidad ya no sea un moroso, entonces la hemos liado. No cabe duda de que al menos es entretenido recorrer sus 92 páginas y quedarse anonadado de la cantidad de millones de euros que se mueven por tierras españolas. 4.855 personas físicas o jurídicas que deben, presuntamente, claro está, porque es la justicia quien tiene la última palabra y que salgas en la lista no significa nada, más sabiendo cómo trabaja Hacienda a nivel del pueblo llano, si no, que pregunten a las personas que tienen problemas con ella y su IRPF. La deuda total es de 15.600 millones de euros y empresas canarias hay algunas, también algunas personas físicas.
No deja de ser curioso cómo la normativa intenta proteger la indexación de su contenido a través de motores de búsqueda en Internet y que el listado deje de ser accesible después de marzo, y los medios de comunicación indexan estos datos en las noticias, lo cual rompe con la protección en muchos casos, pero esto es ya un riesgo privado que muchos asumen. Y frente a todo esto, o sea, mientras España saca su primera lista de morosos, la Unión Europea, va finalizando un reglamento que trata de proteger los datos de carácter personal, consagrado en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales, que demanda el mismo nivel de protección de datos en toda la Unión, porque la ausencia de normas comunes en la UE provoca el riesgo de que hubiera diferentes niveles de protección en los Estados miembros.
Tampoco podría terminar este articulo sin retroceder en el tiempo y traer a la memoria de muchos la contradicción a las que asistimos en muchas de las decisiones que se han ido tomando en este país en los últimos años, y cómo las elecciones ponen sobre la mesa la poca memoria de algunos, o que el fanatismo puede superar a la cordura.
Para nada este listado da respuesta a los ciudadanos que pedimos más transparencia, cuando en el pasado asistimos a un bochornoso espectáculo protagonizado por defraudadores y corruptos acogidos a la amnistía fiscal, listado que el Gobierno se negó siempre a mostrarnos, y ahora sacan esta lista, cuando ya han sido sacados de ellas los perdonados.