Apartados y olvidados por el sistema público, los enfermos con patologías mentales graves llevan años al margen de las acciones y políticas de prevención de la Consejería de Sanidad. Su situación, denunciada por las asociaciones de pacientes y familiares desde hace lustros, ha encontrado por fin eco en el Parlamento regional, cuya Subcomisión de Discapacidad ha aprobado un demoledor informe que revela que la mitad de los 40.000 adultos isleños con trastorno mental grave no recibe tratamiento alguno.
Esta preocupante cifra la corrobora la Federación de Salud Mental de Canarias, que trasladó a la Subcomisión las necesidades de este colectivo de pacientes. En este sentido, durante el casi año y medio de encuentros y reuniones de trabajo que llevó a cabo el órgano parlamentario, se citó a distintos representantes de la propia Federación de Salud Mental o la Asociación Canaria de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Afes), quienes pidieron “que se diseñen políticas para una mejor gestión de los recursos” de los que se disponen en el Archipiélago. Igualmente, exigieron que se impulse la implantación real de “estrategias de salud mental”, cuyos planteamientos hasta ahora solo han quedado en una “mera declaración de intenciones”.
Entre sus conclusiones, la Subcomisión propone la realización de un estudio de la realidad actual de los centros existentes en las Islas y la revisión de los precios de los diferentes recursos de Salud Mental. Al respecto, el órgano parlamentario reconoce que, con la financiación actual, las asociaciones están “muy lejos de poder cubrir la cartera de servicios necesaria”. Atendiendo a las demandas de Afes, la Subcomisión recuerda la necesidad de “realizar un nuevo censo de personas afectadas en Canarias”, así como la puesta en marcha de “recursos específicos para cada patología” y el “diseño de un nuevo plan específico de Salud Mental”, que considere la financiación del sector como inversión y no como gasto público. En esta línea, el presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Enfermedad Mental y Familiares (Feafes), Andrés Mendoza, reconoce que “existe impotencia de los profesionales de la salud mental por no poder ofrecer a los afectados un mínimo de servicios y recursos, lo que lleva a las familias a la desesperación”.
“La salud mental se encuentra a pocos pasos de la desesperación, algo que embarga ya a los enfermos, sus familiares y a los profesionales del sector”, asegura Mendoza, que llama la atención especialmente sobre la “intensificación del deterioro del estado de salud de las personas afectadas por un trastorno mental, que además no pueden ser atendidas con los medios y servicios necesarios, al no haber dinero para desarrollarlos”.
“Como consecuencia indirecta de la situación social y económica y del déficit alarmante de la cohesión familiar, muchos jóvenes demandan servicios de atención en salud mental y no los encuentran, o comienzan a acceder a ellos de forma desorganizada y desestructurada, debido a los desequilibrios territoriales que se manifiestan de forma alarmante en las Islas”, concluye.