La Constitución cumple hoy treinta y siete años en unas agitadas vísperas electorales con el bipartidismo cansado de populares y socialistas, el aliento primaveral de los emergentes, los zarpazos terroristas de IS y las recurrencias soberanistas de Mas y su condicional compaña que lo quiere para la secesión y lo niega para el gobierno. En el horizonte, la posibilidad de la reforma que, por diversas causas y de mejor o peor modo, asumirán los partidos en cuanto cierren los recuentos y pacten mayorías de gobierno u oposición. Por gustos de oficio, tildados incluso de impertinentes, tuve ocasión de preguntar a los ponentes sobre ese asunto y, en ningún caso, nadie se sorprendió ni se alborotó el río.

El dirigente del PSUC, Jordi Solé Tura (1940-2009), titular de Cultura en 1992, admitió que, “a su hora habría que revisar la Ley de leyes”. El conservador Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) zanjó el asunto a su aire: “Eso no toca, querido amigo”. Entre esas posturas antagónicas, Gabriel Cisneros Laborda (1940-2007), que representó a la desaparecida Ucd, y el socialista Gregorio Peces-Barba Martínez (1938-2012) coincidieron en la obligatoriedad de un consenso tan amplio como el logrado en el proceso constituyente, “donde todos tuvimos que ceder para llegar a un acuerdo de mínimos que, visto con la perspectiva actual, justificó la envidiable salud de nuestra democracia” (Peces-Barba dixit). Nacidos en 1940, los supervivientes del septeto, José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent, antes y ahora, proclaman la vigencia del texto y advierten del riesgo de una modificación sin un respaldo similar al de 1978. Fuera de la primera línea política y, por comprensibles motivos éticos, no entran en la discusión de moda. Y lo lamentamos, porque su acreditada tolerancia -la virtud capital de los demócratas- aportaría luces a un debate inevitable que, en función de los datos del 20-D, podrá ser más o menos útil, más o menos acre. En este punto de la historia, bajo el signo de las integraciones continentales y la globalización, en la urgencia de afrontar el desarrollo y la defensa de nuestra civilización como tareas colectivas, con el reconocimiento de los valores que aseguraron su pacífica longevidad y la probada madurez de la ciudadanía española, la reforma constitucional es posible, justa y necesaria por encima de los temores semánticos y los interesados inmovilismos.