El dardo

Servicios para la tercera edad

Anunciaba ayer este periódico que el Gobierno de Canarias estudia la posibilidad de crear cuatro macrocentros sanitarios en colaboración con los cabildos de Tenerife, Gran Canaria, La Palma y Lanzarote, para atender mejor a los mayores dependientes. La medida parece muy oportuna, incluso ambiciosa en los tiempos que corren, pero sólo debe ser parte de objetivos muy superiores, dadas las necesidades de las Islas y, sobre todo, los problemas que presenta la tercera edad, que carece de residencias públicas y de cuidados específicos que hoy no le presta la sociedad. Hasta el presente se ha seguido una política social demagógica, inoperativa, escasamente planificada y que no tiene en cuenta las necesidades objetivas de la población de mayor edad y más desfavorecida. No basta con crear la figura política de un comisionado o hablar de una nueva Ley de Servicios Sociales que se limite a proclamar los grandes principios de la solidaridad; es preciso bajar al mundo real, escuchar las reivindicaciones de la gente mayor, estudiar y constatar sus escaseces y aspiraciones, dialogar con los interesados y, sobre todo, aprobar una ficha financiera mínima anual con la que fortalecer la lucha contra las desigualdades, la exclusión social, la dependencia y la pobreza. La protección social de la tercera edad es, por encima de todo, un deber de la sociedad, una obligación moral, además de una exigencia constitucional recogida en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con capacidad y la de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, por no hablar del Pacto de Toledo, el Imserso, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la Carta Comunitaria de derechos Sociales, el Tratado de Funcionamiento de la UE, el Plan de Acción Internacional sobre Envejecimiento y otros acuerdos de distintos órganos europeos sobre políticas sociales y ante el crecimiento de la población de mayor edad. El sensible aumento de la esperanza de vida exige una política previsora y unas líneas de actuación oficial, familiar, económica, socio-sanitaria, con programas ambulatorios, construcción de nuevas residencias, capacitación de cuidadores, etc. Todo un desafío para cualquier Gobierno.