Cerca de 22.000 familias son las que se verán afectadas por el cobro de la tasa de mantenimiento de cementerios que, suspendida desde hace algo más de un año, vuelve a estar activa para, desde enero, empezar a cobrarse de nuevo. Así lo confirmó ayer el concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, en la comparecencia pedida por Sí se puede en la comisión de control municipal. Arteaga detalló que este tasa viene recogida en la ordenanza y que por tanto la empresa responsable de la gestión de los cementerios, Cetensa, tiene derecho a cobrarla. “Cuando se suspendió lo hicimos porque la empresa no cumplimentó adecuadamente el envío de los recibos; ahora está depurando el padrón de recibos a emitir y se comenzará a cobrar de nuevo”. El concejal confirmó que la suspensión se ha levantado y que será ya a partir de enero cuando se empiecen a girar de nuevo los recibos.

Según defendió Arteaga, Cetensa ha ganado en el juzgado todas las reclamaciones que ha interpuesto contra el Ayuntamiento a cuenta de esta tasa, litigios que le han costado al Consistorio un monto de 6,5 millones de euros desde 2008, a razón de 670.000 euros al año. El edil de Servicios Públicos especificó que se trabaja en un cambio en la ordenanza que permita eliminar esta tasa, pero “todo cambio tendrá efectos sobre el contrato firmado y debe primar el equilibrio económico, por lo que debemos estudiarlo con detenimiento”.

El edil de Servicios Públicos detalló que Santa Cruz cuenta con 15.277 nichos de restos, 8.714 nichos adultos y 900 panteones, cuyos recibos suman 671.648 euros. Así, el precio que se tendrá que pagar de forma anual por un nicho de restos será de nueve euros; por el adulto, 32 euros, y más de 200 cuando se trate de un panteón. “Lo que no parece lógico es que el resto de ciudadanos pague por unos servicios que no recibe”, señaló Arteaga, para añadir que “lo razonable es buscar la forma de ayudar a las familias que no puedan hacer frente a esa tasa”. Insistió en que “no se puede anular la tasa sin que se incurra en desequilibrio de la concesión, por lo que parece lógico que tengamos que buscar algún mecanismo de compensación”.

Recordó Arteaga que la decisión tomada hace poco más de un año de suspender el cobro de la tasa ha sido reclamada por Cetensa, por lo que, como señaló a su vez el concejal de Sí se puede, Pedro Fernández Arcila, a los 6,5 millones hay que sumar otros 600.000 euros que están en litigio, “por lo que estamos hablando de más de siete millones de euros”.

Arcila se mostró partidario de que paguen el servicio quienes lo reciben, aunque matizó que “la situación a la que se ha llegado es consecuencia directa de la mala gestión hecha por el Ayuntamiento y ni la Corporación ni los vecinos tendrían que pagar”. Arteaga rebatió este último argumento recordando que el Ayuntamiento ha perdido todos los juicios, aunque le dio la razón a Arcila en que, efectivamente, los acuerdos del Pleno en el que se reconocía el derecho a Cetensa a cobrar esta tasa fue el fundamento de más peso en los litigios mantenidos con la empresa y que finalmente acabó perdiendo el Consistorio.

Emmasa
Dámaso Arteaga protagonizó tres de las cinco comparecencias celebradas ayer en el ámbito del la comisión de control. Además de la correspondiente a Cetensa, el edil también ofreció información sobre el acuerdo firmado con Sacyr para la inversión de 34 millones de euros y la organización del Mercado de Nuestra Señora de África. Con respecto a las inversiones, Arcila aseguró que podría producirse un delito de malversación de caudales públicos al “tener que devolverse el dinero de una inversión que según el pliego de condiciones era a fondo perdido”. “El único motivo para que Sacyr ganara el contrato de Emmasa era que invertiría 45 millones a fondo perdido”, insistió.

Arteaga negó este extremo asegurando que lo que recoge el pliego es que la inversión sería de común acuerdo y que, en última instancia, “estamos haciendo las cosas tal y como el interventor municipal nos marcó”. “Nuestro objetivo es que no exista beneficio para Sacyr ni coste para Emmasa y con el convenio lo logramos”.

[sws_grey_box box_size=”100″]El Plan de Las Teresitas se externaliza

El concejal de Urbanismo, Carlos Garcinuño, fue el protagonista de las otras dos comparecencias celebradas ayer en la comisión de control. El edil del PP respondió al PSOE, que lo interpeló por los cambios en la Gerencia de Urbanismo y por el Plan Especial de Las Teresitas. En este último asunto, Garcinuño admitió que está valorando externalizar la redacción de este documento que, recordó, está incoado desde el año pasado pero que no se ha hecho nada. “Establecí un cronograma que, a estas alturas del año, evidentemente no cumplimos, por eso estoy valorando seriamente externalizar los trabajos para cumplir los plazos que nos da el Plan General”.

El portavoz del PSOE, José Ángel Martín, se mostró muy crítico con esta decisión que dio por tomada y señaló que “cada vez que se ha sacado de la Gerencia el planeamiento ha sido un caos absoluto”, y puso como ejemplo el Plan Especial de El Toscal o el propio Plan General de Ordenación. Martín recibió el apoyo en su crítica de Pedro Fernández Arcila (SSP) y Ramón Trujillo (IU), quienes llamaron la atención sobre “la prisa” de Urbanismo por aprobar este documento frente a otros 10 que llevan años esperando y con los que se han incumplido todos los plazos.

Garcinuño defendió que a él sí le preocupan los plazos y por eso ha agilizado el trabajo de la Gerencia sacando fuera el planeamiento de Los Hoteles y el Antiguo Santa Cruz, recriminando a Martín (concejal de Urbanismo en el mandato anterior) que “seis meses después de haber iniciado el expediente no se ha hecho nada”. José Alberto Díaz-Estébanez (CC) apoyó a su socio de gobierno en esta argumentación afirmando que “de lo que se trata es de agilizar los plazos y dar transparencia a un proceso que al que parece que no le interesa que salga adelante es a usted”, refiriéndose a Martín.

Gerente
El otro punto por el que fue interpelado Garcinuño fue por los cambios que al parecer está impulsando en la estructura de la Gerencia de Urbanismo, empezando por el gerente. “Tengo un proyecto nuevo y dentro del mismo, después de cinco meses analizando el funcionamiento interno, he tomado la decisión de sustituir al gerente y no va a ser el único cambio”. De esta forma, el edil de Urbanismo confirmaba que se sacará a concurso el puesto de gerente dotado con 75.000 euros anuales, cifra que se rebajó desde los 90.000 que se planteó en un principio.

Tanto el PSOE como Sí se puede y también IU llamaron la atención sobre la posibilidad de que los cambios obedezcan, más que a una idea nueva de Gerencia, a que se intente castigar de alguna forma a los técnicos que han firmado el informe que establece que hay que tirar todo el conocido como mamotreto.[/sws_grey_box]