TRIBUNALES

El TS condena a ‘El Día’ a pagar 100.000 euros a Mena y su familia

Imagen de archivo de Mercedes Rodríguez (Ed. Leoncio Rodríguez). / CEDIDA
Imagen de archivo de Mercedes Rodríguez (Ed. Leoncio Rodríguez). / CEDIDA
La Sala Primera del Tribunal Supremo rechazó en días pasados el recurso presentado por la Editorial Leoncio Rodríguez contra una sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condenó a dicha empresa, editora del periódico El Día, por intromisión ilegítima en el honor de la exconcejal de la capital tinerfeña Ángela Mena, su cuñada María Caridad Rivero (hermana del expresidente del Gobierno autonómico Paulino Rivero) y a una amiga (María Candelaria Pérez) a cuenta de la publicación de un refrito sobre falsos negocios en México que apareció con anterioridad en medios digitales de las Islas.

Dicha sentencia implica el pago de una indemnización por un montante total de 100.000 euros, de los que 20.000 corresponden a Mena y 40.000 a cada una de las restantes. Las demandantes ya han anunciado que, en caso de no satisfacer dichas cantidades a tiempo, se exigirá el embargo de los bienes de dicha editorial, incluida la cabecera del otrora prestigioso diario.

“No veraz”

La decisión del Supremo, que lleva como fecha el pasado día 4 y fue comunicada ayer a las partes, recuerda que la sentencia recurrida da por hecho que “la información divulgada por el periódico (…) durante la semana del 12 al 19 de junio de 2011 fue esencialmente no veraz”, así como que la publicación de la misma (referente a una posible operación ilícita consistente en la constitución de una sociedad mercantil en un paraíso fiscal por parte de personas directamente vinculadas con el presidente del Gobierno autonómico canario) se produjo “en un contexto de enfrentamiento con el Ejecutivo por la no concesión de las licencias de radio que esperaba obtener su grupo de comunicación”.

Ahondando al respecto, el dictamen del alto tribunal resalta el hecho de que a dicho medio no le importó el que los afectados ya hubieran desmentido la información cuando apareció en digitales como Kanaryleaks, sino que además “no hicieron las más mínimas averiguaciones a su alcance para corroborar la veracidad del citado documento, pues no contactaron con el Consulado de España en México, no consta que lo hicieran con el despacho de abogados que supuestamente intervino en el otorgamiento y, en fin, hasta se comportaron con total y consciente desprecio a la verdad”.

En cuanto al argumento de los recurrentes de que simplemente se habían limitado a realizar un citado “refrito de lo que antes habían publicado otros medios”, la Sala considera que lo que se hizo en este caso fue “construir una noticia, como si fuera propia, a partir del conjunto de informaciones precedentes, sacando a la luz dicha información en el preciso momento que a los recurrentes interesaba, esto es, cuando entendían que podía serles más útil en el marco del enfrentamiento existente con el Gobierno autonómico por no resultar beneficiarios de las licencias de radio que esperaban obtener”.

En tal sentido, el juzgador no deja lugar a dudas cuando concluye que lo anteriormente argumentado “explica que la información no fuera espontánea y que no se emitiera inmediatamente después de conocerse, postergando el fin informativo en beneficio de otros fines espurios”, en este caso el concurso por las licencias de radio.

“Meros insultos”

En otro apartado de la sentencia del Supremo se hace referencia al trato dado a Ángela Mena en publicaciones posteriores, en las que el juzgador entiende que “se hizo un uso innecesario de expresiones inequívocamente ofensivas, denigrantes y vejatorias; en suma, de meros insultos que no cabe justificar ni por razón de la condición y proyección pública de quien ejercía un cargo de esta naturaleza ni por razón del interés informativo de la materia”.

En resumen, la decisión del alto tribunal de rechazar este recurso de casación incluye una postulación clara en favor de las decisiones adoptadas en la primera instancia, el Jugado de Primera Instancia Número 3 de Santa Cruz de Tenerife y de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial que la ratificó, condenando en costas a los recurrentes.