Los problemas que padece el sistema sanitario canario, la mayor parte de ellos crónicos y sin visos de solución, han provocado que cada vez sean más los usuarios que pagan sus frustraciones con el personal que los atiende y ayuda. Así lo vienen denunciando desde hace años tanto los profesionales como los sindicatos, y también lo corroboran las cifras de denuncias registradas por el propio Servicio Canario de la Salud (SCS). Ayer, con motivo de la firma de un convenio con el Consejo Canario de Colegios de Abogados, Sanidad confirmó que hasta mediados de diciembre un total de 291 profesionales comunicaron haber sufrido algún tipo de agresión durante el desempeño de su actividad laboral. De estas denuncias, 222 fueron verbales, 30 físicas y 39 mixtas, según datos de la Dirección General de Recursos Humanos.
En términos absolutos, las agresiones denunciadas por sanitarios del Archipiélago se han triplicado en los últimos 10 años, en los que se han comunicado un total de 2.331 episodios de violencia hacia trabajadores, fundamentalmente enfermeros y auxiliares. En concreto, en 2006, cuando se puso en marcha este servicio de asistencia jurídica, se comunicaron 79 agresiones ese año; en 2007 fueron 135; 268 en 2008; 269 en 2009; 261 en 2010; 263 en 2011; 295 en 2012; 226 en 2013; 244 en 2014 y las citadas 291 denuncias en el recién concluido 2015.
Por este motivo, el SCS ha decidido ampliar la cobertura de este servicio a través del que ofrece a los trabajadores de las instituciones sanitarias que lo necesiten asesoramiento y orientación jurídica gratuita, en materia civil y penal, ya sea sobre los derechos y deberes que les asisten como de las posibilidades legales de actuación, así como asistencia letrada en los procedimientos judiciales que el trabajador decida interponer y en los iniciados de oficio por el juzgado. A estas prestaciones se añade ya desde este mes de enero la asistencia letrada gratuita en procedimientos abreviados y en los que se interpongan recursos de apelación, en casos de agresiones calificadas como delito, lo que mejora la protección jurídica destinada a los profesionales de los centros asistenciales ante este tipo de situaciones.

El convenio entre el Servicio Canario de la Salud y el Consejo Canario de Colegios de Abogados, a través del que se presta este servicio, será renovado por una anualidad más, por acuerdo del último Consejo de Gobierno regional, y lo financia íntegramente la Consejería de Sanidad. Esta cuenta con un Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores, una de cuyas líneas de intervención es la formación e información en las distintas gerencias para que el personal aprenda a manejar situaciones de riesgo. La formación impartida, presencial y con una duración de 10 horas, tiene como objetivo proporcionar a los profesionales una serie de habilidades comunicativas para prevenir y evitar situaciones difíciles y conflictivas en su entorno laboral.