A menos de una semana para que se reanudara el juicio -jueves, día 28-, tres de los cuatro areneros acusados de delito medioambiental por extracción de áridos en los barrancos de Güímar han aceptado el acuerdo ideado por uno de ellos, el expresidente de Fepeco, Antonio Plasencia, que les permitirá evadir la posible entrada en la cárcel, al pasar de los cinco años de condena a la que se enfrentaban a 15 meses de pena de prisión.
El acuerdo recoge también la obligatoriedad para los tres areneros (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia) de reparar el daño causado en el territorio con la restauración del suelo donde durante dos decenios extrajeron áridos de manera ilegal. En este caso, solo Antonio Plasencia aportó la fianza exigida antes del juicio (52 millones de euros) en avales inmobiliarios, mientras que el resto se declaró insolvente, aunque será la Justicia la que investigue sus patrimonios para que hagan frente a la rehabilitación. La Fiscalía y la Acusación Popular, representadas por Jaime Serrano Jover y Carlos Álvarez, respectivamente, tal y como ya habían adelantado el día 15 de enero, cuando comenzó la vista oral, aceptaron las condiciones del acuerdo, al que finalmente se sumó Pedro Sicilia, el más remiso de los empresarios, que finalmente fue firmado ayer. El abogado de Plasencia, Esteban Sola, no era partidario del acuerdo que ideó su cliente, porque entendía que había razones para salir “no culpable”, entre otros argumentos, por haber contado desde hace un año con un plan de rehabilitación del suelo. Queda fuera del acuerdo Francisco Javier del Rosario Fuentes, que mantiene su condición de inocente, al demostrar con documentación que no fue designado administrador de Áridos del Atlántico hasta finales de 2008, cuando ya todas las canteras estaban clausuradas, mientras que antes solo era apoderado de dos, Llanos y El Fregenal, en donde hoy sigue tratando -no extrayendo- áridos de manera legal. Es posible, como reconoció el propio fiscal, que el día 28 quede libre de cargas, si el tribunal acepta la documentación que le exculpa y que se dio a conocer el pasado 15 en el inicio de la vista oral en donde se sentaron los cuatro acusados, aunque la vista quedó aplazada ante la presentación del acuerdo ahora firmado.
La sentencia firme que dictará ahora la Audiencia Provincial ordenará la rehabilitación del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos a raíz de la actividad que las empresas de los tres condenados desarrollaron sin licencia desde la década de los noventa y la cuantía a la que tendrán que hacer frente será fijada, tras la realización de un proyecto regenerador, el Ayuntamiento de Güímar, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias, y que según la Fiscalía también deberían estar entre los acusados, por haber consentido durante años una actividad de la que eran conocedores y en algunos casos beneficiarios. Un informe pericial encargado por la Fiscalía cifró en 279 millones de euros el coste de la rehabilitación, cantidad que se les ha pedido a los areneros acusados (uno de ellos ya falleció, Fulgencio Díaz).
El acuerdo cierra la vía penal, aunque continuará la causa civil abierta por el Ayuntamiento de Güímar, como parte perjudicada, en la que reclama una indemnización que asciende a 209 millones de euros.