Tras casi doce años de instrucción, en la Audiencia Provincial ha comenzado el juicio oral contra cuatro empresarios acusados de extraer de forma ilegal miles de toneladas de áridos de distintos barrancos existentes en el término de Güímar a lo largo de al menos 17 años. Se trata de una cuestión peliaguda en la que se mezclan decisiones judiciales incoherentes, olvidos inconcebibles, contradicciones de fechas y responsabilidades y la fijación de hasta 279 millones de euros en fianzas impuestas (no cubiertas pero sustituidas por embargos) a los inculpados, uno de los cuales ya ha fallecido. Los empresarios están acusados de la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por los que se solicita cinco años de cárcel para cada uno. También se les reclama que hagan frente a las posibles indemnizaciones al Consejo Insular de Aguas y al Ayuntamiento de Güímar, así como a la restauración del equilibrio ecológico perturbado. Ha sorprendido el reconocimiento de culpabilidad por parte de tres de los imputados, ya que ello supone la previa aceptación de condena de menos de dos años para evitar el ingreso en prisión y la también segura indemnización en términos que habrán de negociar las partes implicadas: defensas, fiscalía, acusaciones y acción popular. Con todo y con eso, en el caso concurren circunstancias un tanto sorprendentes, como la denuncia por parte de la Corporación municipal, la cual durante años aceptó la extracción de áridos e incluso se benefició de ella; la inhibición de otras administraciones, que toleraron y consintieron tácitamente esa actividad, e incluso la existencia de convenios y acuerdos suscritos entre algunos empresarios y servicios de la administración autonómica que de algún modo daban cobertura legal al aprovechamiento de los materiales arenosos -hasta la clausura de las canteras por el Ayuntamiento sureño-, sobre los que no se había podido cargar tributo alguno por sentencia del Tribunal Supremo. Dada la configuración geológica de la isla, sin estos recursos naturales no habría sido posible el despegue turístico de Tenerife, sobre todo en el sur, donde el sector de la construcción fue pieza clave para el fomento de hoteles y apartamentos. Demasiado embrollo por aclarar y muchos intereses en juego.