Tribunales

Así destapó Seguridad Integral Canaria una red corrupta en Defensa

Imagen de archivo del presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. / DA
Imagen de archivo del presidente de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. / DA

Los máximos responsables de Seguridad Integral Canaria (SIC) aportaron las pruebas que permitieron destapar una red de corrupción que operaba en el Ministerio de Defensa en la que, según entiende el Juzgado Togado Militar Central Número 2 de Madrid, dos tenientes coroneles presuntamente exigían comisiones ilegales a empresas contratadas con dicho ministerio. Así se recoge en el auto que, con fecha de ayer, hizo público dicho tribunal y en el que se destaca una comida celebrada en Madrid entre los responsables de SIC y los militares aludidos.

Fuentes cercanas al caso detallaron ayer a DIARIO DE AVISOS que fue el propio presidente de SIC, Miguel Ángel Ramírez, quien, provisto de una grabadora camuflada en una tarjeta de crédito, aportó al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) las pruebas necesarias para iniciar una investigación que, de momento, ya ha conducido a ambos tenientes coroneles a prisión en abril de 2015, aunque ya se encuentran en libertad provisional.

En concreto, el referido juzgado procesó ayer a los dos tenientes coroneles, identificados como Epifanio R. R. y Cruz
P. R. como supuestos autores de un delito continuado contra la hacienda en el ámbito militar, en concurso ideal (se fusionan las posibles penas, no se acumulan) con un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.

Además, al teniente Sebastián G. M. se le procesa por un presunto delito consistente en procurarse intereses en cualquier clase de contrato con la administración militar, también en concurso ideal con un delito de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos.
Los otros dos procesados son dos empresarios a los que se les acusa de cohecho.

Amenazaban con retrasar el pago de las millonarias facturas de Defensa a la empresa insular

Fue el 28 de octubre de 2014 en el Restaurante Casa Nemesio de Madrid, y los comensales fueron Ramírez, los dos tenientes coroneles procesados y un colaborador de plena confianza para Ramírez y experto en el sector llamado Fernando Rodríguez. Con anterioridad a esta comida se sucedieron otras en las que, según las fuentes aludidas, los tenientes coroneles supuestamente amenazan a Ramírez con dificultar sus magníficas relaciones empresariales con el Ministerio de Defensa aprovechando sus cargos para, por ejemplo, retrasar el pago de facturas. Tal cuestión no es nada baladí, habida cuenta que SIC ingresa dos millones de euros mensuales de Defensa al ser actualmente la adjudicataria del servicio de seguridad privada en instalaciones repartidas por todo el territorio nacional.

Así las cosas, Ramírez fue a la comida de aquel 28 de octubre provisto de la citada grabadora de alta tecnología que estaba camuflada en una falsa tarjeta de crédito. Lo sofisticado del recurso y la actitud de los tenientes coroneles, quienes al parecer se mostraban confiados de su impunidad, permitió aportar al CNI (informado con anterioridad por el máximo responsable de Seguridad Integral Canaria) pruebas suficientes que ahora sustentan el auto de procesamiento hecho público ayer.

Un implicado aseguró haber cobrado 3.000 euros por asesorar en “materia de guardería”

Lo hablado en dicha comida se resume en el referido auto del Juzgado militar, que obra en poder de este periódico. Los tenientes coroneles exigían 20.000 euros por facilitar con antelación pliegos de contratación futuros y agilizar el pago de las facturas en lo ya contratado. Los responsables de SIC les siguieron la corriente a los tenientes coroneles, que aseguraron en sus declaraciones posteriores ante el juez incluso haber cobrado 3.000 euros cada uno por asesoramiento a SIC “en materia de guardería”. Este mismo auto de procesamiento a los referidos militares exculpa a los directivos de SIC de toda responsabilidad al respecto.

Sea como fuere, el auto en cuestión detalla una miríada de casos similares, lo que motivó que en abril de 2015 ordenase el ingreso en prisión de los dos militares de alta graduación implicados, aunque ya están en libertad provisional con cargos a la espera de que un juicio determine las oportunas responsabilidades por estos hechos.

La investigación

– Un largo listado. En el auto dictado por el juzgado militar que instruye el caso se describen más negociaciones de los ahora investigados con otras empresas.

– Ucalsa. Se trata de una mercantil que contrata habitualmente con Defensa. Se detecta el ingreso de 20.000 euros en la cuenta de uno de los tenientes coroneles por parte de la secretaria general del consejo de administración de dicha empresa. Dicha cantidad se destinó a la compra de un Audi A5 ahora incautado, ya que a juicio del magistrado “supone un claro pago de comisión o dádiva”. Además, uno de los hijos de los implicados trabaja en dicha empresa.

– Proman Servicios. Iniciada la investigación a raíz de las pruebas aportadas por Seguridad Integral Canaria, se detecta una comida en la que los responsables de esta empresa, también contratista de Defensa, entregan “dos sobres de color marrón” que se guarda uno de los implicados. Luego la Policía Local interceptó a los responsables de la empresa, los únicos civiles procesados en este caso, y guardaban aún uno de estos sobres con 2.000 euros en su interior. El auto detalla que otro de los hijos de los implicados trabaja para esta empresa, y que sus responsables invitaron ocasionalmente a uno de los tenientes coroneles al estadio Santiago Bernabéu.

– Otros sectores. Uno de los implicados reconoció haber cobrado 2.000 euros de otra empresa de seguridad, pero no hay más pruebas; una empresa de servicios reconoce haber invitado a los implicados al Santiago Bernabéu y al Open de Tenis de Madrid; y, en general, conservaciones sobre contratos con Defensa que extralimitan las funciones de los implicados jalonan el documento.


“No es por amenazar, pero esto traerá consecuencias”

El contenido del auto dictado por el Juzgado Togado Militar Central Número 2 de Madrid en el que procesa a dos tenientes coroneles por el supuesto cobro de comisiones a cuenta de los contratos de empresas con el Ministerio de Defensa incluye detalles llamativos de la investigación efectuada.

Así, en una conversación del teniente coronel Cruz P. R. con el colaborador de Seguridad Integral Canaria (SIC) Fernando Rodríguez, el militar se queja de la ausencia del propietario de la empresa, Miguel Ángel Ramírez, a una reunión en los siguientes términos: “No es por amenazar, pero esto va a traer consecuencias”, en alusión fundamentalmente a un posible retraso en el abono de las facturas que Defensa paga mensualmente a SIC a cuenta de los contratos vigentes y que, dado su elevado importe, causarían un evidente problema para la empresa.

Lo que sí queda meridianamente claro en varios pasajes del auto es que la investigación que ha permitido destapar esta supuesta red de corrupción en Defensa se origina en las pruebas aportadas por los responsables de Seguridad Integral Canaria, lo suficientemente sólidas como para impedir el presunto cohecho en este caso, sino que además impulsaron las averiguaciones sobre casos similares al descrito.