Un plan de choque para la mejora de los servicios sociales en Canarias. Tal es, en el fondo, la propuesta que formula la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Esta sociedad considera que la comunidad canaria no dispone de niveles dignos de atención social, como lo prueban los indicadores que utiliza y que sitúan a las Islas como tercera comunidad por la cola, tan solo por delante de Murcia y Valencia, con una valoración de 2,40 puntos sobre 10. Es bien cierto que las políticas gubernamentales de ajuste a causa de la crisis han afectado muy especialmente a la prestación de los servicios públicos -educación, sanidad y asistencia social en particular-; pero aun así los recortes y la escasa dotación de algunos presupuestos de carácter comunitario vienen siendo una constante en las políticas de las corporaciones locales y de las comunidades autónomas, secularmente infradotadas y, sin embargo, cada vez con mayores necesidades económicas y sufriendo la dejación de los máximos responsables estatales. En esa línea, Canarias está llamada a continuar con sus esfuerzos presupuestarios en materia social para alcanzar al menos la media nacional en la prestación de estos servicios, que incluyen prestaciones económicas, atenciones específicas, residencias de día y permanentes de carácter público, centros de acogida, aulas de la tercera edad, ayudas a domicilio y a la dependencia, teleasistencia, etc.

Y todo ello, con independencia de las acciones que llevan a cabo las ONG y determinadas fundaciones y asociaciones benéficas de carácter privado, que no pocas veces reemplazan y sustituyen con gran eficiencia las tareas que deberían acometer las instituciones oficiales. Esa afirmación de la asociación de que Canarias “carece de toda referencia legislativa, normativa y planificadora de sus servicios sociales que garantice derechos ciudadanos en esta materia” supone un suspenso general y debería servir para que las preocupaciones del Gobierno autonómico se traduzcan en hechos concretos sobre reducción de listas de espera, mayor financiación para las distintas necesidades, mejora de la asistencia general a las personas de tercera edad y dependientes y puesta al día de las infraestructuras socio sanitarias. Todo, menos seguir como estamos.