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La aventura de abrir una empresa

mapa apertura empresas España

La creación de empresas es uno de los principales indicadores de la actividad económica de un país. Un mayor número de empresas supone más empleo, más ingresos públicos y, por tanto, mayores posibilidades de aumentar el desarrollo económico y social. Lo que a veces resulta desesperante es la gran cantidad de trámites que hay que realizar para abrir una empresa, en un país donde más del 80% de las empresas son pymes. Tal es así que en España abrir una empresa cuesta el doble de la media de la Unión Europea y conlleva el doble de trámites y tiempo, según el informe Doing Business en España 2015, realizado por el Banco Mundial.

Según este estudio, cuya intención es medir la forma en la cual las regulaciones gubernamentales fomentan o restringen la actividad empresarial, la organización territorial de España permite, por una lado, que la administración esté más cerca del ciudadano, pero por otro, implica un mayor nivel de complejidad regulatoria y posibles duplicidades.

Pero vayamos al caso concreto de Canarias. Según este estudio, las Islas ocupan la octava posición en el ranking de facilidad para abrir una empresa. En el Archipiélago hay que realizar 10 trámites, para los que se tardan unos 14 días, con un coste del 3,4% de la renta per cápita.

Para la obtención de los permisos de construcción, en las Islas se deben realizar 11 trámites, para los que se tardan 142 días, es decir, más de tres meses, con un coste del 4,4% del valor del almacén. Estos datos sitúan a Canarias como la quinta comunidad con mayor facilidad en esta área. Sin embargo, el coste del visado original en Las Palmas es el más caro de toda España, casi siete veces superior al de Valencia (el de menor coste).

El principal problema en las Islas, sin embargo, es la obtención de la electricidad para iniciar una actividad empresarial. En este trámite, Canarias se sitúa a la cola. Se necesitan nada menos que ocho trámites y 177 días para conseguir la conexión eléctrica, lo que supone un coste del 252,2% de la renta per cápita. Los trámites que requieren más tiempo son los de la Comunidad Autónoma (unos 75 días), seguidos de los del colegio profesional y la distribuidora.

En el lado positivo, Canarias es, en cambio, la región donde es más fácil iniciar una actividad industrial y la tercera donde es más fácil transmitir una propiedad, gracias a su menor coste (el 6,6% del valor de la propiedad) y a sus 15 días necesarios para realizar los trámites. La mayor parte del tiempo corresponde a la inscripción en el registro de la propiedad (nueve días).

MÁS FACILIDADES PARA HACER NEGOCIOS
Apertura de una empresa. Consolidar y eliminar trámites; simplificar y reducir las tasas municipales para el inicio de la actividad; mejorar la transparencia de cálculo de los aranceles notariales y registrales; convertir CIRCE en una plataforma de tramitación integral y de uso más fácil; y eliminar o reducir el capital mínimo.
Obtención de permisos de construcción. Mantener el planeamiento municipal claro y actualizado; mejorar la información disponible sobre la normativa y el proceso a seguir para obtener el permiso de construcción; extender la figura de la declaración responsable y la comunicación previa; apoyarse en el sector privado para mejorar los controles de calidad de la edificación; y extender la tramitación telemática e implementar la gestión de expedientes de manera telemática.
Obtención de electricidad. Eliminar los visados colegiales del proceso; disminuir los costes de conexión ejecutando más acometidas a baremo y amortizando la inversión inicial del cliente; agilizar los procesos de autorización simplificando los requisitos y mejorando el intercambio de información; y minimizar la carga financiera de los depósitos de garantía.
Comercio transfronterizo. Permitir el despacho anticipado e implementar la ventanilla única aduanera; y fomentar la figura de los operadores económicos autorizados.
Registro de propiedades. Evaluar la posibilidad de reducir el impuesto de transmisión patrimonial; fomentar el uso de las herramientas telemáticas existentes; reforzar la comunicación entre el catastro y el registro de la propiedad; y dar acceso directo a la información registral de los usuarios.