Canarias es una de las Comunidades Autónomas que presenta un desarrollo de los servicios sociales “irrelevante”, con 2,4 puntos, junto a Comunidad Valenciana (1,05 puntos), Murcia (2,35 puntos), Galicia (2,6), Madrid (3,6) y Andalucía (4,65), según el Índice anual que elabora la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales difundido este jueves.

Como ejemplo, el informe destaca que solo el 3,62% de la población potencial dependiente en las islas recibe atención, y el 54,3% con el derecho está en lista de espera –cuando en Castilla y León es el 14,3% por ejemplo–.

En general, el desarrollo y la cobertura de los servicios sociales es débil o irrelevante en 11 de las 17 comunidades autónomas, y el estudio acusa las “extremas diferencias” interterritoriales en cobertura de prestaciones y servicios y el suspenso general que, de media, obtiene España en esta materia.

El Índice evalúa el grado de desarrollo en derechos y decisión política, relevancia económica y nivel de cobertura de servicios (DEC) con una puntuación de 0 a 10 que para 2015, se salda con la media de un suspenso: Entre todas las comunidades autónomas obtienen un 4,5, un 4,2 si se observa la mediana, cota que no supera la mayor parte de las autonomías.

La puntuación media que obtienen el conjunto de Comunidades Autónomas en la aplicación del Índice DEC en 2015 es de 4,53 puntos

En un nivel “débil” de desarrollo de los servicios sociales se encuentran Baleares (3,85), Aragón (4,20), Extremadura (4,7), Cataluña (4,8) y Castilla-La Mancha (4,9), todas con un suspenso aunque con mejores calificaciones en áreas clave como el presupuesto por habitante que las sacan de la consideración de “irrelevantes”.

Ya por encima de la media, aunque con un nivel “medio bajo” constan Asturias (5,4) y Cantabria (5,15). La cabeza de la tabla es para el País Vasco, única comunidad autónoma con un desarrollo “excelente” de Servicios Sociales y una nota de 8,05 puntos. En nivel alto, justo por detrás, están Navarra (6,95) y Castilla y León (6,7) y en nivel medio, La Rioja, con 5,7 puntos.

“Hemos de seguir señalando la debilidad del Sistema de Servicios Sociales en buena parte del territorio, en unos momentos en los que son especialmente necesarios no sólo para aliviar las extremas situaciones carenciales que afectan a cientos de miles de personas y familias, sino también como elemento de contención para prevenir los riesgos que supone el paso de la pobreza a la exclusión social”, explican los Directores y Gerentes.

El informe destaca que en 2015 “las diferencias interterritoriales no se han reducido y siguen siendo extremas en la mayor parte de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios”, y pone algunos ejemplos, como que en País Vasco hay un profesional de Servicios Sociales por cada 1.325 habitantes y en La Rioja consta uno por cada 8.956.

Más cobertura en País Vasco, menos en Comunidad Valenciana

Detalla otras desigualdades, como que el 62,6% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Castilla-La Mancha son el 2,2%.

Lo mismo con los servicios: Si en País Vasco hay 4,1 plazas residenciales de financiación pública por cada 100 mayores de 65 años, en Murcia constan 1,1. Cuando en Madrid la Ayuda a Domicilio llega al 9,5% de los mayores de 65, el alcance en la Comunidad Valenciana es del 1,9% y si la media de horas mensuales de este servicio es de 41,8 en Andalucía, en Cataluña se prestan 10,6.

“Estas grandes diferencias tienen su origen en una extrema disparidad en el gasto en materia de servicios sociales que realizan las Administraciones Públicas en cada territorio”, explica la asociación. En País Vasco, la comunidad con mejor puntuación, el gasto es de 611 euros por ciudadano. En Comunidad Valenciana, la que obtiene peor nota, es de 204 euros, tres veces menos.

El 54,3% de las personas con derecho a dependencia está en lista de espera en Canarias

Asimismo, indica disparidad en los derechos de los ciudadanos y advierte de que se está produciendo un “vaciamiento del derecho a los servicios sociales” al “constatar” que “la aprobación de nuevas leyes en algunas comunidades reconociendo derechos subjetivos en esta materia no se correspondía en absoluto con la efectiva garantía de los mismos a través de una oferta adecuada de prestaciones y servicios”.

Señala el caso de Cataluña, Baleares y Aragón, donde según la asociación, los derechos “son de papel”, pues “existe una gran desproporción entre los que reconocen sus leyes de Servicios Sociales y que concretan en sus catálogos, y la cobertura real de prestaciones y servicios que deberían plasmar”.

Con todo, para los Directores y Gerentes de Servicios Sociales “el éxito en el desarrollo de los servicios sociales no solo tiene que ver con el mayor o menor esfuerzo económico que realizan las Administraciones Públicas”, sino con la gestión: Las comunidades donde los ayuntamientos tienen más competencias “muestran un mayor equilibrio” y “son más eficientes”.

“Se constata que centralizar la gestión de los servicios sociales no sólo no contribuye a la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos, como se argumenta en la Exposición de Motivos la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, sino que además de ser socialmente negativa, sus efectos son antieconómicos, encareciendo la gestión del Sistema”, dice el informe.

EL SUELO DE LOS RECORTES

En cuanto a la financiación general del sistema, utiliza datos consolidados del presupuesto de 2014 y señala que la Administración Central del Estado destinó 1.950 millones de euros, de los que 1.317 fueron transferidos a las comunidades para atención a la dependencia.

Así, las comunidades autónomas gestionaron 10.499 millones de euros, de los que, a su vez, transfirieron 1.461 millones a las entidades locales. Éstas contaron en total con 5.295 millones de euros, 3.834 millones de fondos propios.

“La evolución de los Presupuestos Generales del Estado en materia de servicios sociales no deja lugar a dudas sobre la política seguida en esta materia por el último Gobierno: El recorte acumulado en la última legislatura (2012-2015) en Servicios Sociales por parte de la AGE asciende a más de 2.200 millones de euros, siendo el ejercicio de mayor recorte el 2013″, detalla el informe.

Según afirma, “la AGE no solo redujo su gasto sino que forzó al conjunto de las CCAA a hacer lo propio” porque entre la restricción de gasto y el techo de déficit, “el esfuerzo presupuestario autonómico en Servicios Sociales se vio muy afectado” con un recorte acumulado de 4.915 millones de euros respecto de 2011. En las entidades locales la caída ha sido del 16% en el mismo periodo.

Para los Directores y Gerentes, “2014 es el año en el que los recortes en servicios sociales parecen haber tocado fondo, pero aún queda mucho para alcanzar la situación previa a los mismos”. El informe explica que hay “indicios de cierta reacción del sistema a partir de los incrementos en la inversión que se producen a nivel general desde 2014″ con más gasto por habitante en 14 comunidades autónomas, pero “podría estar reflejando sin más la lenta reacción de un débil sistema de servicios sociales ante el avance de las situaciones de necesidad”.

Por todo ello, la organización reclama que se recupere el gasto de las Administraciones Públicas en servicios sociales al menos a niveles del año 2009, se alcance un Pacto de Estado en materia de dependencia que reponga el presupuesto y lo incremente y que se ponga en marcha una Ley Estatal de Garantía de Rentas Mínimas, así como exige al Ministerio de Sanidad que articule un Sistema de Información de Servicios Sociales.