“El Ayuntamiento de Güímar es la única administración que tiene proyectos para restaurar los barrancos”, manifestó la alcaldesa, Carmen Luisa Castro, tras conocer la sentencia que condena a tres areneros a restaurar el suelo degradado por la extracción de áridos.
La regidora municipal hacía referencia a convertir los barrancos desde el mar hasta la cumbre en área turística, con hoteles, villas, campo de golf y un parque de atracciones (Mimiland Park), entre otras instalaciones.
Hay que recordar que la sentencia obliga a Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia, a regenerar el suelo tras exigirles una indemnización que supera entre los tres los 150 millones de euros, y aunque los dos últimos se han declarado insolventes ante el juez, el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, adelanta que en el caso de Morales hay “una insolvencia punible” , al desprenderse por 7.000 euros de una cantera vendida a Bankia, mientras que Sicilia va a intentar reestablecer el orden medioambiental perturbado y por lo pronto “ya ha vendido un gran chalet que tenía en el Valle”, indica Álvarez.
El letrado insiste, asímismo, sobre el proyecto de rehabilitación presentado hace un año por Antonio Plasencia, que el conocido empresario “no puede imponer su criterio”, recordando que aunque depositó una fianza de 52 millones de euros en avales inmobiliarios, tendrá que hacer frente a los 66,8 millones.
El abogado de los dos denunciantes que presentaron la querella en 2005, añade que los proyectos presentados por la alcaldesa Carmen Luisa Castro, “son un engaño”, por cuanto una vez se redacte el plan técnico de un megaproyecto para ordenar el terreno desde le barranco de Badajoz hasta Los Guirres (cantera del fallecido Fulgencio Díaz, en donde iría el Mimiland Park), “el suelo pasaría a ser zona rústica de protección paisajística”, lo que según Álvarez, “imposibilitaría mover una piedra” y menos “construir un gran complejo turístico”, como pretende Carmen Luisa Castro.
Tras la sentencia, por acuerdo de los tres condenados, de un juicio que sigue adelante porque Francisco Javier del Rosario, el cuarto acusado, insiste en mantener su condición de inocente, el Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Gúímar están obligados a redactar un plan de regeneración del terreno degradado por la actividad extractiva, aunque se desconoce el plazo. En este punto, Luisa Castro manifiesta que “estaremos vigilantes para que el dinero se invierta en los barrancos y su canalización y no se vaya a otro lado”.
Un proyecto que presentó hace unas fechas al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y que el día 11 expondrá a Carlos Alonso, presidente del Cabildo, quien pone reparos al mismo, tras anunciar que se trasladará una iniciativa legislativa al Parlamento en donde se recoge el cambio de uso del suelo, ahora minero, para convertirlo en agrícola y no estratégico como pretende Castro.
Solo cabría la posibilidad de que de la autopista hacia El Puertito -terreno de Antonio Plasencia, por cierto- se pudieran permitir camas turísticas como es el deseo de la alcaldesa, que entiende, eso sí, que el proyecto de regeneración que se apruebe tiene que ser “sostenible” pero también que “de trabajo” .