CASO ARONA 1: JUICIO - DECLARAN LOS ACUSADOS

Los exediles le echan la culpa a alguien que no puede defenderse

CASO ARONA FÉLIX SIERRA MELO
Félix Sierra Melo, durante su declaración. / SERGIO MÉNDEZ

Echarle la culpa al muerto fue la táctica de los cinco exconcejales del Ayuntamiento de Arona que declararon ayer en la tercera jornada del juicio oral del caso Arona 1, en el que se juzga una supuesta trama de corrupción urbanística en el mandato 2003-2007, cuando llegó a la Alcaldía José Alberto González Reverón, con un pacto entre CC-CAN y PP.

Los exmiembros de la Junta de Gobierno local aludieron a que el secretario municipal (hoy fallecido) José Ángel Álvarez “les daba la razón sobre la concesión de licencias”, reconociendo, eso sí, que lo hacía “de manera verbal y no por escrito”.

Además, Félix Sierra, Manuel Barrios, Daniel Martín, Juan José Alayón y José Luis González, que declararon ayer por espacio de cuatro horas, insistieron, como hizo el propio alcalde el miércoles, que “nunca leían las actas”, manifestando además que el secretario les comunicaba que “si el suelo reunía las características de solar se podían dar las licencias”, declaró Manuel Barrios, concejal de Urbanismo desde 2003 a 2007, añadiendo que además, para el secretario, “no era necesario el dictamen jurídico, pero si preceptivo”.

A las declaraciones de los exconcejales sobre el secretario, la fiscal Francisca Sánchez, más incisiva ayer, dejó claro que “no hay documentación por escrito del visto bueno del secretario y sí constan, en las actas de la Junta de Gobierno que nadie leía, “las advertencias de ilegalidad de los secretarios que sustituían a José Ángel Álvarez por enfermedad”. En la tercera sesión del juicio se retomó el interrogatorio a Félix Sierra Melo, que se negó a contestar a la acusación particular, que sin embargo realizó una batería de preguntas con citas de reuniones y comidas con el empresario denunciante José Ramón Ansorena del cobro de comisiones. En respuesta a los letrados de las defensas, Sierra insistió en que solo se reunió en una ocasión con Ansorena y que se enteró de una cinta grabada en 2007, cuando tuvo que declarar ante el juez Nelson Díaz, con quien mantenía una buena relación por ser vecinos de Los Cristianos “casi puerta con puerta”. Negó que se cobraran comisiones por la tramitación de licencias y que todo el dinero que ha ganado lo ha hecho por sus 16 años en CajaCanarias y de sus inversiones, como recoge su declaración patrimonial ante la Guardia Civil. Por su parte, Manuel Barrios, exconcejal de Urbanismo de Arona desde 2003 a 2007, aseguró en su declaración que las licencias se daban cuando las unidades de actuaciones superaran el 80%. La fiscal advirtió a Barrios de los informes negativos de los juristas, contestando este que “pensaba que el máximo responsable jurídico del Ayuntamiento era el secretario, y por eso la Junta de Gobierno aprobaba las licencias”, reconociendo que “desde 1979 -cuando él llegó al Ayuntamiento del que llegó a ser alcalde- todas las licencias se han dado del mismo modo”.

Barrios insistió en que “es imposible que un técnico del Ayuntamiento pueda cobrar comisiones por tramitar una licencia”, en referencia al arquitecto Roberto de Luis, uno de los cinco que trabajaba para su área. Barrios reconoció, a preguntas de la fiscal, que en el año 2000 presentó una querella por delitos urbanísticos contra muchos de los que hoy se sientan en el banquillo con él, querella que fue sobreseída por la vía penal: “lo hice por rencillas políticas”, manifestó el veterano político. En el apartado de contrataciones, no le pareció extraño que se concediera cuatro contratos diferenciados el mismo día a Flores y Plantas del Nordeste para una obra en la rotonda de El Fraile: acopio de tierra, semillas, plantación y sistema de regadío. Para la fiscal, una prueba más de que se trataba de evitar con ello el concurso público.

Para Juan José Alayón, las unidades de actuación donde se dieron licencias ilegales eran “casas para trabajadores, no edificios para la especulación” y admitió que “tampoco se leía las actas, algo que hoy me da vergüenza”, apostilló.

El exedil Daniel Martín fue el único que admitió que “se leían” los informes durante las reuniones, por lo que todos tenían constancia de la existencia de los pronunciamientos desfavorables cuando votaron”.

ALAYÓN CONTINÚA
La enfermedad de Alayón. Juan José Alayón sigue en el juicio pese a presentar un informe medico donde se recoge que debido a un ictus dispone de un marcapasos y sufre hipertensión para la que tiene que medicarse. Tras declarar ayer, puede que ya no regrese al juicio hasta el día de las conclusiones.

La ausencia de Felipe Campos. El abogado Felipe Campos niega que abandonara el caso que se juzga ahora y afirma que si no está presente como acusador es debido a que su cliente Roberto Kragl, hoy en Austria, se retiró de la causa el 26 de noviembre sin previo aviso a su letrado. Campos y Antonio Espinosa si estarán presentes en el caso Arona 2, que se juzgará este mismo año.

Lo que viene. Tras declarar seis de los siete miembros de la Junta de Gobierno de Arona 2003-2007, el lunes, martes y miércoles le tocará el turno al exedil Alfonso Barroso, al empresario Arsenio Zamora y a los cinco arquitectos.