POLÍTICA

El Comisionado de Transparencia empieza a sacar la tarjeta amarilla

Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. / ANDRÉS GUTIÉRREZ
Daniel Cerdán, comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Ya no hay excusas para esconder la cabeza bajo el ala. La ley de transparencia básica está plenamente en vigor desde finales del año pasado y la canaria terminó de desplegarse unos meses antes. En un primer balance, el Consejo de Transparencia y buen Gobierno contabiliza 410 (406, más 4 archivadas) reclamaciones resueltas en 2015. De esa cifra, 254 (el 65%) dan la razón a los ciudadanos. No se admitieron 152 y 107 están en tramitación. Más modestamente, la oficina del Comisionado, adscrita al Parlamento de Canarias, ha atendido 18 quejas por “incumplimiento” de la solicitud de información en los diversos ámbitos de aplicación de la normativa autonómica.

Tal como adelantó en su momento este periódico, Daniel Cerdán conminó a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias a que, en el plazo de 15 días hábiles, entregara al comisionado “copia de la información” enviada a una periodista de Madrid que trabajaba en un reportaje sobre las finanzas de las federaciones de fútbol. En concreto, demandaba las cuentas de la Federación Interinsular de Tenerife entre 2001 y 2013, depositadas en el Registro de Entidades Deportivas. En la respuesta, la Dirección General adjuntó “una serie de observaciones formales y de fondo” tendentes a obviar el derecho de acceso. La argumentación se cimentaba en el artículo 44.3 de la ley canaria: “Cuando la información, aun obrando en poder del sujeto al que se dirige, haya sido elaborada o generada en su integridad o parte principal por otro, se le remitirá solicitud a este para que decida sobre el acceso”. Al verse ninguneado, el Comisionado de Transparencia y Acceso a la Información Pública advirtió a la Dirección General de Deportes de las consecuencias de ese comportamiento obstruccionista y enseñó la tarjeta amarilla. La reiteración de semejante actuación es constitutiva de una infracción grave, que podrá ser sancionada con multas comprendidas entre los 5.001 y los 300.000 euros. Cabría, asimismo, plantear el reintegro total o parcial de la ayuda o subvenciones públicas concedidas e incluso la interrupción del “contrato, concierto o vínculo establecido”. En su escrito, el Comisionado recuerda que la ley obliga a los partidos políticos, las organizaciones empresariales o sindicales y las instancias privadas que perciban ayudas o subvenciones con cargo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma, para la financiación de sus actividades y funcionamiento ordinario, a respetar las exigencias de transparencia y, específicamente, de publicidad de la información. Con estas reglas del juego, el comisionado ejerce de árbitro.