PUERTO DE LA CRUZ

El concesionario de los bares del Lago se niega a devolver las llaves

La Junta de Gobierno y el Pleno decidieron que Pamarsa vuelva a gestionar la restauración del Lago. / M. P. P.
La Junta de Gobierno y el Pleno decidieron que Pamarsa vuelva a gestionar la restauración del Lago. / M. P. P.

“No vamos a entregar las llaves; tendrá que venir la Policía”. Así de contundente se manifestó a este periódico Ruymán Hernández, director general de la empresa Ocio Costa Martiánez SL, adjudicataria de los bares y restaurantes del Lago Martiánez, en Puerto de la Cruz. La empresa debe devolver el lunes a las 11.00 horas a la empresa pública Pamarsa los bienes, instalaciones y servicios concedidos, firmando la correspondiente acta de reversión, tal y como lo acordó la Junta de Gobierno local y, el 28 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento.

Hernández indica que tanto él como los trabajadores irán el lunes a trabajar “como cualquier otro día”. El único impedimento para no hacerlo es que el Juzgado de lo Mercantil le notifique que no tiene razón en las alegaciones presentadas. En ese caso, añade, “irá por otra vía”.

La empresa conoció en septiembre “y por los medios de comunicación”, que el Gobierno municipal contemplaba la posibilidad de finalizar el contrato del servicio de restauración. En ese momento, sus responsables presentaron una serie de alegaciones para constatar que las condiciones económicas de la concesión partían de unos datos erróneos en lo que se refiere a las ventas, coste de personal subrogado y al número de visitantes. Por ello, consideran que el canon establecido es “absolutamente desproporcionado”. El 28 de octubre de 2015 se le notificó a Ocio Costa Martiánez que se iniciaba el expediente de resolución del contrato por la falta de pago del canon. He aquí la primera posible irregularidad, según Ruymán Hernández, dado que la fecha de reunión de la Junta de Gobierno Local es de ese día pero el expediente tiene registro de salida de la Corporación el 27 del mismo mes, un día antes. Con lo cual, a su juicio, la determinación “fue tomada con anterioridad, supuestamente falseando el futuro resultado de la celebración de la misma y usurpando sus funciones”, tal y como lo hace constar en sus alegaciones posteriores. Asimismo, alega que el procedimiento utilizado para resolver el contrato le otorga un plazo de cinco días para presentar alegaciones y no 15, como establece el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. Incluso, recalca, el propio pliego de condiciones en su cláusula 15 establece un plazo mayor.

En su defensa, el director también expone que durante todo la relación contractual entre el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y la empresa, “no existe ningún expediente sancionador que haya derivado en faltas graves o leves contra el concesionario, y por eso resulta absolutamente desproporcionado el intento del Ayuntamiento de imponer una infracción muy grave”.

Por todo ello, a través de su administrador concursal, le solicita, con fecha de 7 de enero de 2015, que paralice cualquier acto de ejecución, con las correspondientes consecuencias legales que ello pueda conllevar. En este sentido, no descarta presentar una denuncia contra el alcalde, Lope Afonso, y el secretario por supuesta prevaricación.

Por último, el concesionario es consciente de que la empresa no abonó el canon, pero asegura que “está dispuesto a llegar a un fraccionamiento del pago con el Consorcio de Tributos”.

“Se defiende el interés general”

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha desestimado todas las alegaciones presentadas por el concesionario y por el administrador concursal. Fuentes del grupo de gobierno (PP-CC) aseguran que se ha actuado en todo momento bajo el asesoramiento directo del secretario de la Corporación y que los acuerdos que han adoptado, tanto la Junta de Gobierno como el Pleno, “van encaminados a la defensa del interés municipal, que es recuperar la gestión de la instalaciones, tras un incumplimiento que se ha sido considerado por el informe jurídico como grave y culpable”, como es el impago del canon. Por lo tanto, añaden las mismas fuentes, correspondía iniciar el expediente de resolución del contrato, y que las cuestiones que se derivaban del mismo se cumplieron con toda rigurosidad. En este sentido, citan como ejemplo la de obtener el informe del Consejo Consultivo de Canarias, que ha respaldado la interpretación del Consistorio. No obstante, el Gobierno local deja claro que “está sujeto y acatará” cualquier resolución judicial que se produzca sobre el contenido de los acuerdos. “La obligación del Gobierno era completar el trámite de rescisión del contrato y dar los pasos administrativos siguientes”, insisten. En caso de que la empresa no entregue los bienes en el plazo estipulado, “se procurará seguir las recomendaciones del secretario general de la Corporación, que ha liderado el procedimiento”.