TRIBUNALES: CASO ARONA 1

“Pensé que la cinta de Ansorena era un farol para lograr la licencia”

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Fotos SERGIO MÉNDEZ

“Cuando el anterior alcalde de Arona, Miguel Delgado, me dijo lo de la cinta grabada por el empresario Ansorena, pensé que era un farol de este para que le dieran la licencia a las 206 viviendas que quería hacer en Costa del Silencio”, declaró ayer, en la cuarta sesión del juicio por el caso Arona 1, el que fuera arquitecto municipal Eliseo de la Rosa, una de las piezas claves para saber si hubo o no corrupción urbanística en Arona.

Eliseo de la Rosa, que solo contestó a la fiscal, Francisca Sánchez, y a su abogado, Juan Manuel Fernández del Torco, manifestó a continuación que “nunca he recibido comisiones como arquitecto municipal” y añadió que “nunca autoricé a otra persona para que hablara en mi nombre para pedir dinero por emitir informes técnicos favorables para tramitar licencias urbanísticas”, en referencia al empresario Arsenio Zamora, quien también es nombrado en la grabación, al igual que el exconcejal de Urbanismo (1999-2003) Félix Sierra Melo, ambos acusados también por cohecho en este caso que tiene nada menos que 77 tomos (22.000 folios) en una instrucción que comenzó en 2007, cuando el juez Nelson Díaz mandó a detener, tras escuchar la cinta grabada por José Ramón Ansorena unos años antes, tanto a Eliseo de la Rosa como a Arsenio Zamora.

El arquitecto municipal, tras intervenir ayer el último exconcejal del grupo de gobierno 2003-2007 que faltaba por hacerlo, Alfonso Barroso, fue el primer técnico en declarar en este macrojuicio que está previsto que dure hasta el 9 de mayo.

Eliseo de la Rosa señaló que en agosto de 2002 el Ayuntamiento mandó a parar las obras de construcción de 206 viviendas en Ten Bel, por carecer de licencia, y meses después se emitieron los informes favorables tanto de la Cotmac, como del Cabildo y de Costas, tras considerarse que el suelo podía pasar de turístico a mixto (turístico y residencial), señalando que el aparejador que puso los reparos (Damián Hernández Fumero) había entrado a trabajar después (julio de 2005) de que se emitieran los informes favorables de las otras administraciones, sin llegar a contestar a Santiago Martínez, abogado de la acusación particular, si era verdad que había manifestado que “esa parcela no es mixta, aunque lo dijera el rey de España” u otra expresión dirigida al promotor vasco de Proguito SL: “No vais a sacar la licencia en la vida, lo juro por mi madre”, sin querer aclarar por qué la empresa Gomasper si pudo edificar la urbanización Costa del Silencio en la misma zona y el promotor Ansorena, no.

Además, la fiscal preguntó a Eliseo de la Rosa si utilizaba una empresa a nombre de su hija (Carolina de la Rosa) para recibir dinero por informes, o si una empresa formada con arquitectos de Valladolid, de donde procede, llamada RG, le traspasaba dinero a la empresa Caché, propiedad de su hija.

En respuesta a preguntas de su abogado, De la Rosa dijo que entre abril y mayo de 2005 el promotor Ansorena pidió la licencia de obra, pero a continuación presentó un desestimiento de la misma y después un “desestimiento del desestimiento”, tras haberle sido denegada en 2002 por sobrepasar el número de viviendas y por no caber el uso residencial en donde iba uso turístico, algo que posteriormente logró con los informes de Costas, Cabildo y Cotmac, tras firmar la licencia Roberto de Luis (agosto de 2005), el arquitecto técnico que declarará hoy y que puede traer más luz a un caso donde se juzga la supuesta mayor trama de corrupción urbanística en Tenerife.


Más de lo mismo

-Alfonso Barroso. El que fuera concejal de Obras, Infraestructuras y Sanidad, desde 1999 a 2007, Alfonso Barroso cerró ayer la intervención de los exconcejales, y al igual que todos, se amparó en los informes del secretario fallecido para defender que “nunca leí las actas de la Junta de Gobierno”, aunque reconoció que sí se leían los informes desfavorables de los juristas, pero que los técnicos atendían al planeamiento.

-Contrataciones. También ocurrió lo mismo cuando se le preguntó por el fraccionamiento de las contrataciones, con el objeto de evitar el concurso público. Para Barroso era normal que se separaran la construcción de 150 nichos de otros 40 en dos contratos realizados el mismo día porque “se trataba de resolver un problema de salud pública y era una obra de interés social”.