El Tribunal Supremo desestimó en días pasados el recurso planteado en nombre de una empresa de La Hidalga, Construcciones y Demoliciones Arcadio S. L., ratificando así una pena de cuatro años y medio de cárcel para el responsable de la misma dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife como autor de un delito medioambiental.
Por contra, el alto tribunal sí que estimó parcialmente la reclamación al descartar la pena de un año de prisión por el delito de desobediencia impuesto al empresario aludido anteriormente.
Se da la circunstancia de que este asunto llegó a juicio tras un larguísimo proceso de 10 años, durante los cuales se sucedió una pugna entre la administración y la referida empresa, que ignoró en repetidas ocasiones las reclamaciones para que cesara en su actividad.
Así, Arcadio Laarbi fue en su día condenado por un atentado contra el medio ambiente, al extraer áridos de forma ilegal (sin licencia) en una finca situada al lado de la carretera que une El Carretón con La Hidalga, en Arafo. Como ya informó en su día Norberto Chijeb, el juicio llegó 10 años después de la primera denuncia, y al mismo acudieron el alcalde de Arafo en aquella etapa, Domingo Calzadilla así como numerosos cargos de dicho Ayuntamiento y agentes de Medio Ambiente del Cabildo y del Gobierno de Canarias, del Seprona y de la APMUN, además del denunciante y representante vecinal del barrio del Carmen, José Arnaldo Flores.
Aunque Flores ya había advertido al Ayuntamiento de la extracción ilegal de áridos, no fue hasta 2004 cuando denunció la misma ante Medio Ambiente.
Largas y donaciones
Ello se produjo después de que en el Consistorio le dieran largas, entre otras razones (sospechaba en su día José Arnaldo Flores) por la donaciones, hasta 7.000 euros, del empresario a las fiestas patronales del municipio de Arafo, un hecho habitual en aquellos años: solo en 2003 y 2004 el Ayuntamiento recibió más de 100.000 euros en donaciones de empresas, casi todas vinculadas a la construcción y los áridos. Esta práctica era muy extendida en los municipios del Valle por aquel entonces. Precisamente, ahora se juzga en la Audiencia Provincial a otros empresarios del sector por actividades parecidas en varios barrancos de la zona. Antes del juicio, Laarbi ya había sido sancionado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN) por valor de 120.000 euros, por vertidos de aceites y neumáticos en la misma finca donde compartía un taller de mecánica con cantera de áridos.
Ahora, el Supremo ratifica la pena de cuatro años y medio de cárcel para el empresario por un delito contra el medio ambiente por “actuar de manera contumaz y dilatada en el tiempo” con movimientos de tierras, extracciones, vertidos y explanaciones ilegales en parcelas propiedad de su empresa, obviando los requerimientos administrativos y “llegando a quebrantar los precintos aplicados a las fincas de referencia”. Por contra, estima parcialmente el recurso de casación del condenado y le absuelve del delito de desobediencia, ya que el primero de los delitos -contra el medio ambiente- absorbe la desobediencia a las reiteradas órdenes para que cesara.