El lunes declararon en el Juzgado Número 3 de Güímar, en calidad de investigados, el actual concejal Paco Pinto y los exediles del mandato anterior María del Carmen Pérez y Ramón Gil, acerca de los enchufes ilegales de electricidad en varias instalaciones municipales de Candelaria.

Pinto manifestó que el Juzgado mantiene la imputación, aunque todo hace suponer que la misma “tiene poco recorrido”, una vez reparado el daño y abonada las cantidades teóricamente defraudadas.

En la actualidad, tal y como reconoce el actual concejal de Obras y Servicios, Jorge Baute, no hay ningún enganche ilegal en ninguna instalación municipal, en las que ya se han situado los boletines pertinentes, mientras que en otras se están elaborando los proyectos correspondientes con los gestores de Endesa. Izquierda Unida elevó el caso ante la Fiscalía Provincial por la negativa del grupo de gobierno municipal, en el pleno del 5 de marzo de 2015, de crear una comisión de investigación y de depurar responsabilidades políticas por la supuesta sustracción ilegal de energía eléctrica, que finalmente se aprobó pagar a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito.

Las instalaciones del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), de la Escuela de Hostelería y de la Escuela de Adultos estuvieron enganchadas directamente a la red de abastecimiento eléctrico desde el 5 de julio de 2011 hasta el 30 de enero de 2013, por lo que el Ayuntamiento tuvo que abonar 24.418,58 euros.