Acosados, amenazados y con miedo. Así se sienten diariamente muchos menores cuando acuden a su colegio. La culpa la tiene el denominado bullying o violencia escolar, un problema que según los expertos afecta a más del 5% de los niños en los institutos y colegios de nuestro país. En Canarias, según datos aportados por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa de la Consejería de Educación, en los dos últimos cursos se denunciaron 297 situaciones de acoso escolar, de las que 134 (el 45%) se constataron como tales. Las mismas fuentes confirmaron que, si bien la cifra de denuncias ha crecido en los últimos años, lo cierto es que no se ha experimentado un aumento significativo de los casos, y son pocos (un 10%) los que acaban en la justicia. La mayoría se resuelve merced al trabajo que desarrolla desde el año 2006 el Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar, adscrito al departamento educativo autonómico.
“Se trata de un servicio que no tiene carácter judicial, sino que se desarrolla exclusivamente en el ámbito escolar y trabaja en la intervención socioeducativa de los menores”, expone el director general de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, Rafael Bailón, quien deja claro que este programa, gracias también al Decreto de Convivencia aprobado en 2011, se plantea como un servicio, “de tal forma que las familias pueden denunciar de forma directa y a través del teléfono cualquier indicio de acoso escolar sobre sus hijos o cualquier menor en un centro educativo de Canarias”.
“Este programa pretende dar respuesta a todas estas situaciones, ofreciendo ayuda psicológica inmediata y prestando asesoramiento a los padres, madres y profesores respecto a las medidas a tomar”, agrega Rafael Bailón, quien subraya que “a partir de toda esa intervención recopilada, se concluye el nivel de acoso que se puede estar produciendo, porque hay muchas situaciones puntuales que se resuelven de forma inmediata, sin que el problema llegue a cronificarse”.
Una vez que se realiza la denuncia, en un periodo de entre 48 y 72 horas, los profesionales encargados del programa (un servicio externo con amplia experiencia) se trasladan al centro y, en coordinación con la Inspección Educativa y los orientadores y profesores, se realizan reuniones y entrevistas con el presunto acosado, alumnos y docentes, para recabar la mayor información posible sobre el caso. Después de dos o tres encuentros de este tipo, se elabora un informe y se sugieren una serie de medidas que se trasladan al centro.
“Se realiza un seguimiento exhaustivo hasta que se solventa la situación y se cierre el expediente”, denota el director general de Ordenación, quien insiste en que “este programa se inscribe dentro de los planes de convivencia que tienen los centros escolares del Archipiélago, que son obligatorios”. En dichos planes se establecen acciones preventivas y medidas para dar respuesta a posibles episodios de acoso, que en el 90% de los casos se resuelven dentro del ámbito escolar.
Entre las medidas que se toman para acabar con estas situaciones están la mediación entre los acosadores y el acosado, sanciones o incluso la expulsión del centro. “Las familias también tienen la libertad de denunciar los hechos por vía judicial, pero es algo en lo que nosotros no podemos ni debemos intervenir”, aclara Rafael Bailón, quien reitera que “nuestro objetivo está orientado a trabajar en el ámbito preventivo, en una línea educativa, porque a veces los menores no son conscientes de la situación, ni de las consecuencias que pueden conllevar sus acciones”.
Canarias fue pionera en la lucha contra el acoso y la violencia escolar, un ámbito que se empezó a trabajar en las Islas a finales de los años 90. El Archipiélago también fue de las primeras regiones en formar profesionales en la materia y en la implantación de comisiones de convivencia en todos los centros educativos. Fruto de todas esas actuaciones, en 2006 se puso en marcha el citado Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar de la Consejería regional.
“También se ha formado al alumnado para que sea mediador y pueda detectar y comunicar con criterio posibles casos de acoso, con el objetivo de que en cierta medida pueda mediar en el conflicto, sobre todo entre alumnos más pequeños. Cuando no es algo muy grave, el objetivo es que los estudiantes mayores puedan mediar y encauzar el problema hacia una mejor convivencia en el centro escolar”, expone Rafael Bailón, quien manifiesta que otro de los proyectos que va a ayudar a mejorar la respuesta del alumnado ante los conflictos es la asignatura de Educación Emocional, que tiene como objetivo principal “educar a los niños en cómo administrar sus sentimientos y empatías, de forma que puedan enfocarlos de forma positiva”.
Entre 11 y 14 años, la edad más difícil
El Servicio de Prevención y Ayuda contra el Acoso Escolar de la Consejería regional de Educación cuenta con un servicio externo profesionalizado que ayuda a detectar casos de este tipo, psicólogos y educadores que trabajan con los menores acosados, los acosadores, las familias y el propio alumnado del centro. Según los datos con los que cuenta el departamento autonómico, la mayor parte de los casos se concentran entre los 11 y 14 años de edad. Mediante una llamada de teléfono, a través de un chat o por correo electrónico, las familias pueden hacer sus consultas a este equipo multidisciplinar de profesionales que, tras una entrevista detallada, establece el grado de acoso del que se trata. Una comisión decide si es necesaria una intervención inmediata. Una vez recabada toda la información disponible, y si se determina que es un caso de acoso, se actúa en un plazo máximo de 72 horas.