VENEZUELA

“El Gobierno intimida, censura y persigue penalmente a sus críticos”

La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) ha vuelto a sacar los colores al Gobierno venezolano ante la comunidad internacional en el informe de 2015 que acaba de presentar a la opinión pública y en el que denuncia, entre otras cosas, que “la acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos han permitido que el Gobierno intimide, censure y persiga penalmente a sus críticos”.

Esto ha provocado la detención “arbitraria” de líderes políticos y ciudadanos por el mero hecho de haberse mostrado críticos con la política oficialista. A ello suman “los abusos policiales, las condiciones deficientes en centros penitenciarios y la impunidad en casos de abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad, que continúan siendo problemas muy serios”. No olvida tampoco el informe la falta de acceso a medicamentos e insumos básicos que sufre la población y que achacan a las “políticas gubernamentales”.
Si bien, el Observatorio de Derechos Humanos ha puesto el acento en uno de los graves problemas que asola a la democracia en Venezuela, como es la falta de separación de poderes, que condiciona gravemente la independencia judicial.

El informe de HRW remonta esta situación a 2004, cuando el expresidente Chávez y “sus partidarios en la Asamblea Nacional llevaron a cabo un copamiento político del Tribunal Supremo de Justicia”. Desde entonces, sostienen que “el poder judicial ha dejado de actuar de forma independiente del Gobierno”. “Miembros del Tribunal Supremo han rechazado abiertamente el principio de separación de poderes, han expresado en forma pública su compromiso con promover la agenda política del Gobierno y reiteradamente han emitido sentencias a su favor, avalando así su creciente desprecio por los derechos humanos”, concreta la ONG .

Casos como el de la jueza María Lourdes Afiuni, que fue procesada por la vía penal tras poner en libertad condicional a una persona crítica con el Gobierno, son una muestra del control que ejerce el Ejecutivo sobre el poder judicial, del que también “han abusado para detener y procesar a dirigentes políticos de oposición”.

En esta línea, ponen como ejemplo el caso del dirigente Leopoldo López, que cumple una condena de más de 13 años de cárcel, tras un proceso en el que “la fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo vincularan con ningún delito, y la jueza, que no tiene garantía de inamovilidad, no permitió que sus abogados aportaran evidencias para su defensa”. Recuerdan que “en octubre, uno de los fiscales huyó de Venezuela y aseguró que el caso había sido una farsa”. El informe pone el acento también en los “abusos” de miembros de las fuerzas de seguridad y se remiten a la contestación que tuvieron las manifestaciones de principios del año 2014, en las que sostienen que se hizo “un uso brutal de la fuerza”.

“A lo largo de varias semanas, miembros de las fuerzas de seguridad recurrieron asiduamente a un uso ilegítimo de la fuerza contra manifestantes que no estaban armados y contra transeúntes”, señalan. Al igual que denuncian que “toleraron que pandillas armadas partidarias del Gobierno atacaran impunemente a manifestantes, o a veces incluso colaboraron de manera directa con ellas”.
HRW se ha mostrado también muy crítica con la llamada Operación Liberación del Pueblo, impulsada por el presidente del Gobierno, Nicolás Maduro, para contrarrestar el grave problema de inseguridad que vive el país, mediante la movilización de más de 80.000 integrantes de las fuerzas de seguridad en todo el país. “En estas operaciones, miembros de las fuerzas de seguridad violaron derechos fundamentales a través de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales de viviendas y abusos verbales y físicos”, concluyen.