TRIBUNA POLÍTICA

¿Es posible un Gobierno progresista? – Por Román Rodríguez*

En las elecciones del 20D retrocedió el voto conservador y avanzó el progresista con relación a 2011. Aunque el PP sigue siendo el partido con mayor número de escaños, tiene muchas dificultades para conseguir apoyos suficientes para afrontar con éxito la investidura de Rajoy por sus políticas que tanto daño han hecho a los servicios públicos y al bienestar de la mayoría. Por su tibieza ante graves casos de corrupción que le han afectado. Por su centralismo. Por la forma soberbia en que se ha comportado amparado en su aplastante mayoría absoluta. Como fuerza más votada le corresponde inicialmente intentar formar gobierno. Pero, ante su más que previsible fracaso, el PSOE estaría llamado a posteriori a intentarlo. Pedro Sánchez está convencido de ello tras mantener una relevante pugna interna con los partidarios de dejar que gobierne el PP y los que plantean rendirse e ir hacia unas nuevas elecciones generales. No será una tarea fácil. No hay cultura de gobiernos entre dos o más partidos en el ámbito estatal. Sí, amplia y muy relevante, en las instituciones autonómicas o municipales. Además, el debate puede viciarse por los cálculos pérdidas/beneficios de una nueva convocatoria a las urnas en primavera. También contribuye a complejizarlo la situación de Cataluña. Podemos está muy presionado por quienes ponen el derecho a decidir como línea roja de un posible acuerdo. Pero no todos sus aliados territoriales opinan lo mismo. La máxima dirigente de Compromís, Mónica Oltra, ha señalado que el rescate a las personas está por encima del referéndum catalán. ¿Es posible un acuerdo entre viejos y nuevos partidos? ¿Existen puntos de coincidencia entre las dos formaciones más votadas del espacio progresista? Podrían apoyar ese acuerdo otras formaciones nacionalistas, como Nueva Canarias (NC)? A todas esas preguntas respondo que sí. No hay muros insalvables salvo los que se quieran colocar para frustrar un posible entendimiento.

Cuando no tienes mayoría y quieres gobernar no queda otra alternativa que pactar. Escuchar al otro, negociar con voluntad de llegar a acuerdos y estar dispuestos a ceder en algunas de las pretensiones propias. Poner por delante los intereses generales y las aspiraciones más sentidas por la mayoría social y no legítimos intereses partidarios. Son más los elementos en común que los que suponen una discrepancia insalvable. Todas las partes de ese posible acuerdo han rechazado la reforma laboral del PP y propuesto un marco distinto, respetuoso con los derechos de los trabajadores y que colabore en la creación de empleo de calidad. Y se han comprometido a elevar el salario mínimo interprofesional. La fiscalidad también une. Tenemos un sistema que carga su mayor peso sobre pequeñas empresas, trabajadores y consumidores. Si queremos dotar suficientemente a los servicios públicos y distribuir con justicia los esfuerzos fiscales, es imprescindible que pague más quien más tiene. Y, por supuesto, perseguir el elevado fraude. Existe acuerdo, asimismo, en la educación, de derogar la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y sacar adelante una nueva ley debatida y consensuada, no sólo con los grupos políticos y las CCAA, sino con los expertos educativos, las universidades, las organizaciones docentes, las asociaciones de padres de alumnos y los colectivos estudiantiles. Se coincide, también, en que la sanidad merece los mayores esfuerzos, revirtiendo el daño de los recortes y afrontando planes de choque contra las listas de espera. Renunciando a copagos e interesadas privatizaciones. Así como la relevancia de una adecuada atención a las personas dependientes, rescatando una ley muy valiosa que ha sido descapitalizada.

Asuntos centrales son, asimismo, un gran pacto para garantizar el sistema de pensiones y una financiación autonómica que garantice suficiente financiación a los servicios públicos básicos y, por tanto, mayor equidad. Otro tema en el que, con toda seguridad, no hay fisuras es el de la violencia machista. El pacto de Estado contra la violencia de género, abordando de forma integral -educación, sanidad, justicia, fuerzas de seguridad…- esta lacra, es defendido por todo el espacio progresista. También la necesidad de una reforma constitucional que actualice la Carta Magna, blinde los servicios públicos fundamentales y avance en un modelo de Estado que reconozca las diferencias y permita el adecuado encaje de todas las comunidades. Pero siendo conscientes de que este último aspecto, la reforma de la Constitución, requiere de acuerdos y mayorías muy amplias, que no puede ni debe quedar restringido a las organizaciones progresistas. La derogación de la ley mordaza, la lucha contundente contra la corrupción y por la transparencia de las instituciones, la nítida defensa de la autonomía municipal o la reforma del sistema electoral, para hacerlo más proporcional que el actual, son otros asuntos de posible confluencia. Hemos expuesto aquí solo una parte de los temas en que no parece muy difícil alcanzar el entendimiento entre las organizaciones progresistas. Desde el punto de vista de un partido nacionalista, como Nueva Canarias, también solicitaremos a ese posible Ejecutivo distintas reivindicaciones que solo pretenden que los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, la comunidad más alejada y con problemas más diferenciados y permanentes, estén en igualdad con los del resto del Estado. Entre ellas, las referidas a nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), a nuestra financiación autonómica y a la reforma de nuestro sistema electoral.

En definitiva, se pueden generar las condiciones para establecer un programa y un Gobierno progresista, un marco común para superar las políticas de recortes y el sufrimiento social causado, logrando que el Estado español tenga hoy el dudoso honor de ser uno de los más desiguales de Europa. Si se piensa más y fundamentalmente en las personas y menos y subsidiariamente en los intereses partidarios, este imprescindible acuerdo se podrá convertir en ilusionante realidad. Pero no será nada fácil alcanzarlo. Y cada uno de los actores de este proceso tendrá que asumir sus propias responsabilidades.

*Portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias