TRIBUNALES

El TSJC responsabiliza a Gobierno y propietarios y exculpa a los guías

Entrada al lugar del accidente donde fallecieron seis excursionistas. / FOTO DE ARCHIVO DA
Entrada al lugar del accidente donde fallecieron seis excursionistas. / FOTO DE ARCHIVO DA

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha responsabilizado desde el punto de vista patrimonial y civil al Gobierno de Canarias y a los propietarios de la Galería de Aguas Piedra de los Cochinos por la tragedia acaecida hace casi nueve años en el norte de la Isla, cuando seis excursionistas fallecieron y al menos otros tres de un grupo de 29 resultaron heridos al resultar afectados.

Dicha responsabilidad se ha determinado al resolver un total de seis recursos presentados ante el referido tribunal, que determina igualmente indemnizaciones para los tres heridos y descarta resarcimiento alguno por daños morales.

Otro dato clave es que el TSJC excluye a los integrantes de la excursión de responsabilidad alguna, lo que contradice lo dispuesto en el auto que dio carpetazo a la vía penal.

De los seis fallecidos, cuatro recibirán 200.000 euros a pagar por Gobierno y propietarios, un quinto recibirá 144.151,57 de los dueños ya que no había reclamado anteriormente por vía administrativa y el sexto, la familia del italiano fallecido, quedó fuera de este proceso al no personarse a tiempo por un error, si bien se mantienen en la lucha por la vía penal.

Fue el 10 de febrero de 2007 cuando los excursionistas, animados por una convocatoria de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), decidieron realizar el recorrido Los Erjos -Cuevas Negras-Los Silos, por el Parque Rural de Teno, previendo el paso desde el Barranco de los Cochinos al de Cuevas Negras para llegar hasta Los Silos a través de un túnel o gruta en la montaña. Un error condujo a los excursionistas a la galería de Piedra de los Cochinos, donde se adentraron y, apenas en 45 minutos, la ausencia de oxígeno empezó a hacer mella en los mismos, con el terrible resultado descrito tras un rescate que concluyó cerca de las cuatro de la madrugada del día siguiente.

DISCREPANCIA
Contrariamente a lo dispuesto por la Audiencia provincial y el Juzgado de Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos, la Sala de lo Contencioso del TSJC considera probado el error de los excursionistas, pero descarta que sea suficiente para provocar semejante desgracia.

En palabras del propio TSJC, “que la conducta de los guías, que se proyecta a ATAN, en cuanto organizadora formal de la excursión, tiene un carácter secundario e insuficiente para reducir o excluir lo que es la causa eficiente y determinante del resultado, que no es otra que esa falta de medidas de seguridad de acceso a la galería”.

Precisamente aquí es donde carga las culpas el juzgador, quien considera probado el incumplimiento de las medidas de seguridad exigibles a los propietarios y, como se verá, al Gobierno de Canarias.

Respecto a los propietarios, ni ellos discuten el abandono en que se encontraba el acceso a la galería de aguas, cuya explotación minera fue abandonada en 1955. La Guardia Civil certificó no sólo la ausencia de rejas o señalización en la misma, sino que hasta los anclajes en los que antaño se sujetó una puerta estaban oxidados, prueba ineludible de que el abandono venía de atrás. Para el tribunal, los dueños hubieran evitado “el resultado lesivo si la galería dispusiese de una mínima señalización, no ya acomodada al marco normativo, sino simplemente acomodada a su peligrosidad reconocida a lo largo del expediente y en el proceso hasta por los propios representantes legales de dicha comunidad”.

En cuanto al Gobierno de Canarias, para el TSJC queda claro que es la administración competente a la hora de velar por el cumplimiento de la normativa de seguridad en una instalación minera y no el Cabildo de Tenerife o el Consejo Insular de Aguas. El juzgador se explaya al detectar que es la propia Consejería de Industria quien promulga un reglamento sobre la seguridad en este tipo de instalaciones un año después de producirse la tragedia, señal inequívoca de que el propio Gobierno es consciente de que la competencia al respecto era suya. Un dato facilitado por las víctimas sobre la supervisión dada por el Ejecutivo autonómico: dos inspectores cubrían las aproximadamente 1.500 instalaciones existentes en la provincia.

EL RESTO DE PARTICIPANTES
Sobre los supervivientes, el TSJC sólo concede indemnizaciones a los tres heridos, que valora en 600, 5.000 y 10.000 euros. En el caso de la joven que recibirá 5.000 euros cabe recordar que 24 horas después de estar en la galería sufrió un paro multiorgánico en el hospital del que felizmente se recuperó. En cuanto a la que percibirá 10.000, apuntar que sufre secuelas físicas permanentes por lo sucedido hace casi nueve años.

Uno de los amigos de los excursionistas, Sergio Lourenso, resalta el hecho de que estas sentencias motivan una reapertura de la vía penal por cuanto suponen una contradicción con la decisión que cerró la misma “al excluir a las víctimas que supone con lo decidido en la vía penal, donde sí se responsabilizaba a los guías, y lamentó el hecho de no se valoren los daños morales a los supervivientes. “Yo perdí allí, entre otras personas, a mi mejor amigo, y desde entonces no ha pasado ni un día en que no tenga presente lo que pasó aquel día”.