Santa Cruz de Tenerife es uno de los pocos municipios de la Isla que cuenta con una unidad de la Policía Local especializada en la atención a mujeres víctimas de violencia machista. Se trata del Grupo de Atención a la Mujer (Gramu) que fue creado en 2004 y que se ubica junto al Palacete Coviella, donde a su vez, se concentran los recursos de atención del Cabildo de Tenerife para estas mujeres. Jesús Meneses es subinspector de la Policía Local y lleva dos años al frente del Gramu. Con los cuatro policías locales que forman parte de la unidad en este momento, incluyendo al subinspector, que compagina este puesto con la dirección de la oficina de Añaza, se tramitaron 53 denuncias por maltrato en 2015, se contabilizaron casi 2.300 seguimientos a víctimas y se atendió, tanto por teléfono como en la sede del Gramu (Francisco Aguilar y Aguilar, 1), a 2.962 personas. Si se comparan los datos con el año anterior, se comprueba que la cifra de denuncias es algo menor, un número que se explica no porque haya menos casos sino porque, afirma Meneses, la unidad ha tenido que cerrar en horario de tarde. “Antes éramos ocho pero el déficit de personal de todo el Cuerpo ha obligado a la redistribución de los agentes”.
Los datos que maneja el Gramu permiten radiografiar la sociedad chicharrera en la que la violencia de género se ha instalado como una lacra social, al igual que en todo el país. El año pasado fueron 55 las mujeres que murieron a manos de sus parejas en España. Algunas habían denunciado antes; otras nunca. “Son muy pocas las que denuncian una primera agresión”, explica Meneses que detalla que “la mayoría acude a nosotros después de años de maltrato”. “Cuando ven que esto no va a mejorar -continúa- se deciden a denunciar y por lo general, primero vienen por aquí a que las asesoremos, no solo en la vía penal sino también en la civil (vivienda, bienes, hijos…)”.
Cuando la mujer decide poner la primera denuncia casi se encuentra en estado de shock. “Muchas veces tardamos hasta dos horas para que nos cuente lo que ha pasado”. El protocolo siempre es el mismo. Desde que se recibe la queja, bien en la oficina, o bien por una intervención en la calle, se cita a la mujer en el juzgado al día siguiente. A continuación se inicia la localización del agresor y también se cita en el juzgado a una hora distinta.
“Lamentablemente -señala Meneses-, hay mujeres que acaban retirando la denuncia”, la mayoría de las veces coaccionadas por sus agresores, asegura. Si quisieran retirar la denuncia en el Gramu, “les informamos que solo se puede hacer en sede judicial y no con nosotros”. Resulta llamativo que si los agentes de la Policía Local se ven en la obligación de tener al supuesto maltratador deben pasar las diligencias a la Policía Nacional porque el Gramu carece de calabozos. “Hemos pedido a la Subdelegación del Gobierno que nos autorice a tener depósito pero aún estamos a la espera”, comenta Meneses.
Una vez que se ha cursado la denuncia se pueden dar varias circunstancias. “Las dos principales son que la señora tenga que salir de su domicilio porque el maltratador está ahí, en este caso se activa el DEMA (Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas) a través del 112, que se ocupa de buscarle una vivienda y alojamiento. Lo solicitamos y ese día o posteriores, tendrá que quedarse allí, en la mayoría de los casos con sus hijos”. Meneses señala que “las 24 horas siguiente a la denuncia son muy peligrosas por eso siempre recomendamos que pidan la orden de alejamiento”. Sorprende escuchar al subinspector contar casos en los que la mujer ya no solo tienen que vencer sus propios miedos sino que sea su entorno el que la anima a quedarse con el maltratador.
Seguimiento
Si la víctima obtiene una orden de alejamiento también es el Gramu el que se encarga de su seguimiento. En estos casos el trabajo se inicia con la orden desde el juzgado, “este trabajo en ocasiones puede durar hasta tres o cuatro años”, relata Meneses que recuerda que el tiempo lo marca la sentencia, “el máximo creo que son 15 años, pero yo he visto alguna sentencia que lo extiende incluso por más años”.
El contacto con la mujer es diario, vía telefónica o mediante visitas. “Cuando acudimos a su domicilio lo hacemos de paisano” detalla el subinspector porque, aunque no está dentro de los servicios del Gramu, estos agentes también tienen que hacer frente al chisme vecinal. “Muchas víctimas se sienten molestas cuando se acude mucho al domicilio sobre todo por los vecinos”, relata Meneses que añade que “aunque no vayamos uniformados, los vecinos cuando te ven con frecuencia empiezan a pensar otras cosas”.
En este punto, al preguntar al responsable del Gramu si son muchos los agresores los que se saltan la orden, su cara lo dice todo, para añadir: “Hay muchísimos”. Meneses recuerda que si la víctima no denuncia esta violación, el Gramu puede iniciarla de oficio si tiene conocimiento de ella. “A veces hablamos con la mujer y nos dice que el hombre estuvo por allí hace tres o cuatro días. Solo con eso, si ella no denuncia, lo hacemos nosotros de oficio”. El subinspector insiste en que “cualquiera puede denunciar”, tanto las agresiones como que el maltratador se salte la orden de alejamiento.
El caso de Iris
Entre las 55 mujeres asesinadas en España durante 2015, cuatro lo fueron en Canarias. La última de ellas, Iris Francés, murió a manos de su exmarido el pasado octubre en el barrio santacrucero de El Sobradillo. Un caso que tocó de lleno al Gramu. “La última denuncia la presentó aquí; había presentado otras dos antes en la Policía Nacional”, recuerda Meneses. “Es la primera usuaria que perdemos”, dice bajando la cabeza. Aquel día revisaron todo los protocolos y su parte, la del Gramu, se había hecho. Cuando se le pregunta al subinspector Meneses qué falló, prefiere no pronunciarse. Solo insiste que ellos hicieron su trabajo: cursar la denuncia y pedir la orden de alejamiento. Se puede denunciar la violencia de género a través del 112 y del 016.
[sws_grey_box box_size=”100″]Trabajo conjunto con el Palacete CoviellaEl trabajo del Gramu empieza en muchas ocasiones con mujeres que se acercan hasta la unidad para pedir información. En ese momento las agentes las informan de que le proporcionarán todos los datos que necesite pero también de que “si nos dan detalles de algún delito (maltrato) tenemos la obligación de iniciar de oficio una denuncia”, explica Meneses. Por esto, señalan, es común que invitan a la mujer a que acuda al Palacete Coviella, a pocos metros del Gramu, en el que se ubican los servicios de atención a la mujer del Cabildo de Tenerife. “Ellos cuentan con una abogada, una trabajadora social y una psicóloga, un equipo que puede asesorar a la mujer en todo lo que necesite”, explica el responsable del Gramu. “En muchas ocasiones la mujer vuelve acompañada por la abogada del IASS para poner la denuncia”, añade.
La Unidad de Violencia de Género del Cabildo se encarga de dar respuesta especializada a esta difícil problemática. Con el apoyo económico del Gobierno de Canarias, a través de su Instituto Canario de Igualdad, ha ido creando una Red insular de servicios. Entre ellos está el Dispositivo de Emergencia para Mujeres Agredidas (DEMA), el de Acogida Temporal o los Centro de Atención Inmediata, Piso tutelado, Casa de Acogida y centros de atención a las víctimas.[/sws_grey_box]