La huelga en el servicio de recogida de basura en Tacoronte, El Sauzal, La Matanza, La Victoria y Santa Úrsula afectará a 64. 994 vecinos los lunes 1 y 8 de febrero si finalmente se concreta.

Desde la Mancomunidad del Nordeste, que aglutina a los cinco ayuntamientos, no se pone en duda o se cuestiona el servicio que ofrece la empresa Urbaser. Por el contrario, su presidente y alcalde de El Sauzal, Mariano Perez, sostiene que todos los ayuntamientos están conformes ya que ha permitido mejorar la prestación y reducir costes, aunque como todo, “es mejorable”.

La medida no responde a ninguna decisión adoptada por la concesionaria sino a una batalla entre los dos sindicatos representados en el comité de empresa, UGT, que ostenta la mayoría con tres miembros e Intersindical Canaria (IC) con dos.

Sin embargo, ambos niegan esta confrontación. Las claves del conflicto se desprenden del comienzo de las negociaciones del nuevo convenio colectivo, una vez que éste fue denunciado por unanimidad, y de las elecciones sindicales que se celebrarán en octubre.

El secretario de Residuos Sólidos Urbanos y Limpieza Viaria de UGT, Juan Carlos Viña, subraya que es la segunda revocación que presenta IC. La primera, recuerda, “la ganamos en el juzgado de lo social el 19 de noviembre de 2015″.

Viñas se ampara en el artículo 67 del Estatuto de los Trabajadores en el que se establece que no se puede revocar un comité de empresa antes de la tramitación de un convenio colectivo ni replanteárselo hasta transcurridos, por lo menos, los seis meses.

Pese ello, “IC vuelve a denunciar” una revocación por la cual su sindicato ha iniciado una demanda de tutela por derechos fundamentales y pide un importe de 5.630 euros.

Por su parte, el asesor de Intersindical Canaria, Manuel Cabrera, insiste en que los delegados de UGT fueron revocados por la mayoría del personal y por lo tanto, no deberían estar en la mesa de negociación ya que son los mismos trabajadores los que no quieren que los representen “los mismos que les quitaron sus derechos”. Asimismo, insiste en que “independientemente de que sea legal o no el procedimiento, hay un acta que dice que hay 30 de 38 trabajadores que no quieren a estos compañeros”.

Su propuesta es que el comité dimita al completo y se convoquen nuevas elecciones, pero UGT no está de acuerdo. “Estamos a tiempo de desconvocar la medida, pero nadie se ha pronunciado. Los ayuntamientos tendrían que actuar, al menos, como mediadores”, opina.

Con asesoramiento jurídico y técnico ya se ha hecho el plan de servicios mínimos, cuyo decreto firmó Mariano Pérez. El presidente espera que la situación se solucione a la brevedad y aboga porque la empresa y los trabajadores se tienen que sentar a dialogar “cuanto antes”.