Con la misma o mayor contundencia si cabe, que mostró el lunes el primer denunciante del caso Arona, Paco García Santamaría, su excompañero socialista y hoy primer teniente de alcalde con Ciudadanos por Arona, José Antonio González Reverón, denunció la corrupción urbanística que se vivió en ese municipio en el inicio de este siglo.
José Antonio González Reverón, primo del exalcalde, llamado como testigo tras ser uno de los denunciantes del caso, fue rotundo al afirmar que “conceder las licencias de esa forma era un suicidio que estamos pagando ahora”, haciendo referencia a la anulación del PGO de Arona, entre otras causas.
Dijo que fueron “continuas” las advertencias que durante años realizó al Gobierno local por las supuestas ilegalidades en las que incurrían al conceder las licencias. “De diez expedientes que iban a la Junta, ocho venían con informes jurídicos desfavorables”, explicó.
La declaración de González Reverón, al igual que ocurriera el martes con la que dieron los cinco secretarios accidentales del Ayuntamiento, puso de manifiesto que los concejales acusados “tenían conocimiento” de los reparos que los juristas hacían a la concesión de licencias, yendo más allá cuando afirmó que “de diez expedientes que iban a la Junta, ocho venían con informes jurídicos desfavorables”, insistiendo en que “las licencias se daban de forma muy alegre y siempre a las mismas empresas”.
Una de esas empresas es Gomasper, del conocido promotor gomero Pedro Suárez “si pudo construir viviendas en Costa de Silencio en suelo que era turístico”, justo al lado de donde el empresario Ansorena, denunciante por extorsión, también quería construir 206 viviendas tras solicitar el cambio del uso del suelo de turístico a mixto o residencial, algo que se le negó en 2001 y que se le concedió después en 2005 sin llegar a construir la urbanización.
José Antonio González Reverón desveló, acentuado los supuestos favores que recibía Pedro Suárez, que este “pagó un viaje a Inglaterra al arquitecto municipal Eliseo de la Rosa”, como consta en el estracto de Viajes Salazar que Reverón entregó en la Fiscalía en 2008.
El abogado de Eliseo de la Rosa, Juan Manuel Fernández del Torco afirmó que “ese asunto no tiene nada que ver con la presunta trama política que se juzga aquí”, añadiendo que su cliente “tenía compatibilidad y estaba realizando obras para Gomasper en Guía de Isora”.
El testigo protagonista de la novena jornada del juicio, recordó que “había sospechas de cobro de comisiones pero no se podían demostrar”, para manifestar a que el exaparejador municipal Roberto de Luis, llevaba “un nivel de vida para su cargo con tres o cuatro coches de alta gama”.
La abogada del exalcalde y exconcejales acusados, Olga López, trató de desacreditar al testigo, recordándole que cobraba un sueldo del PSOE y de la recalificación de unos terrenos de su familia en Cabo Blanco, antes de ser interrumpida por al jueza Lucía Machado: “No hay lugar a esas preguntas”.
González Reverón le recordó a la letrada de los políticos acusados, que “en 2008 intentaron llevar a comisiones de Urbanismo licencias de obra y hacer un pleno posterior y usted era quién estaba asesorando al grupo de gobierno”. El juicio continuará el lunes con la décima fecha.