avisos políticos

De menos a más

En estos azarosos tiempos de investidura y de necesidad de pactos políticos y constitucionales, se repite mucho que España es una monarquía parlamentaria. Y, en ocasiones, quien lo dice no sabe con certeza de qué está hablando y qué significa tal cosa. Pues bien, tal cosa significa que la jefatura del Estado y la jefatura del Gobierno están separadas, y que a la primera se accede por herencia mientras que a la segunda se llega a través de la confianza de la mayoría del Parlamento. Con la salvedad de que entre nosotros esa confianza la otorga el Congreso de los Diputados, con exclusión del Senado. La consecuencia de este esquema institucional es que el jefe del Estado, que no ha sido elegido, no tiene atribuidas facultades de gobierno (“reina, pero no gobierna”), y se limita a cumplir funciones representativas y protocolarias, todas muy regladas y establecidas, y a ejecutar actos debidos, como sancionar y promulgar las leyes, a los que no puede negarse.

Sin embargo, este diseño básico admite modulaciones y variaciones. Y esas modulaciones y variaciones de la monarquía parlamentaria española hacen que nuestro monarca goce de un cierto ámbito de discrecionalidad, superior, por ejemplo, al de la Reina británica, que se limita a ejecutar mecánicamente lo que el Gobierno de turno le indica. Sin ir más lejos, el discurso de la Corona que lee en el Parlamento está redactado íntegramente por ese Gobierno. Por el contrario, el artículo 56 de la Constitución española dispone que el Rey arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, es decir, le concede un poder de arbitraje y moderación que, bien es verdad, tanto el monarca anterior como el actual siempre han procurado prudentemente no ejercer, al menos públicamente. Todavía recordamos el revuelo y la intranquilidad política que se produjeron hace unos años, cuando en febrero de 1994 el Tribunal Supremo apeló al poder moderador del Rey contra un fallo del Constitucional, y cómo la apelación no llegó a nada y nunca más se volvió a hablar de ella. Y de esta manera nos hemos acostumbrado a que nuestros reyes sean bustos parlantes que, desde el mensaje de Navidad hasta los actos protocolarios que presiden, se limitan a pronunciar unos aburridos y previsibles discursos, elaborados a base de lugares comunes y buenas intenciones. Unos discursos a los que luego medios y políticos varios se afanan por encontrar sentidos trascendentes.

No obstante, aunque todo esto es verdad, no lo es menos que precisamente en momentos como ahora, después de unas elecciones generales y la consiguiente renovación de las Cámaras, el Rey español adquiere un inusitado protagonismo y ve ampliarse el ámbito de discrecionalidad de sus actuaciones políticas. Y es así porque el monarca es el encargado de proponer al Congreso de los Diputados aquella persona que considera tiene mayores probabilidades de alcanzar la confianza de la Cámara, de ganar la investidura como presidente del Gobierno. Y para realizar esta propuesta de un candidato debe averiguar las preferencias y las eventuales condiciones de todas las fuerzas políticas que han obtenido representación parlamentaria, o sea, ha de llevar a cabo una ronda de consultas con los representantes designados por cada una de ellas. Eso es justamente lo que ha ocurrido la pasada semana.

A la hora de articular estas conversaciones, se plantea el problema del orden en el que el jefe del Estado ha de recibir a esos representantes de las fuerzas políticas. Por excepción, se trata de una cuestión que no está regulada en ninguna norma y que queda absolutamente al buen criterio del monarca y de sus asesores. Y es una cuestión que trasciende la mera cortesía y adquiere una cierta relevancia política. En teoría, existirían tres posibilidades, y el Rey podría utilizar legítimamente cualquiera de ellas: a) Recibirlos en orden cuantitativo creciente o inverso, de menor a mayor presencia parlamentaria; b) Recibirlos en orden decreciente, de mayor a menor presencia parlamentaria; y c) Recibirlos en cualquier otro orden, con arreglo a unos criterios establecidos en función de la coyuntura política. El Rey anterior instauró la costumbre de utilizar la primera de las posibilidades señaladas, y se atuvo a ella en todas las ocasiones. Por el contrario, en unas circunstancias que guardan un cierto parecido, cuando Rajoy ha despachado con los principales líderes políticos sobre la crisis de Cataluña ha utilizado el orden de la segunda posibilidad.

Habían circulado algunas informaciones respecto a que en esta ocasión, atendiendo a la especial coyuntura política en la que nos encontramos, el nuevo Rey iba a cambiar la costumbre establecida por su padre y se disponía a utilizar la segunda posibilidad, es decir, comenzaría su ronda de conversaciones por Mariano Rajoy, condenado a ser propuesto en primer lugar aunque sus probabilidades de ganar la investidura son menos que escasas, para luego continuar en orden decreciente con los demás líderes políticos. Y de esta posibilidad nos hemos hecho eco en diversos foros. Pero, al final, el monarca ha utilizado el orden de siempre y ha recibido a los líderes políticos de menos a más. De menos a más escaños y votos, desgraciadamente, no de menos a más sensatez política y sentido de Estado.