Santa Cruz - Caso Mamotreto

Nuevos informes jurídicos obligan, “de momento”, al derribo total

El edificio de aparcamientos de Las Teresitas está a medio terminar
El edificio de aparcamientos de Las Teresitas está a medio terminar

Foto: Fran Pallero

No, no y no. Estas son las negativas acumuladas por el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre la posibilidad de realizar una demolición parcial del edificio de aparcamientos a medio terminar de Las Teresitas, el conocido como mamotreto. Al informe de los servicios jurídicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo emitido el pasado mes de diciembre sobre el asunto, se sumaron ayer los otros dos pendientes, el de la Secretaría del Pleno y el de los servicios jurídicos del propio Ayuntamiento, con idéntico resultado: no hay excepción, como recoge el fundamento 10 de la sentencia de la Audiencia Provincial que “en este momento” permita mantener el edificio en pie, por tanto, el derribo debe ser total. De esta forma, el Ayuntamiento capitalino admitía ayer que abandona la redacción de un proyecto de demolición parcial y sigue adelante con el de la demolición completa del edificio, ambos ya encargados a Gestur.

Según reza en el comunicado emitido ayer por el Consistorio, una vez que Radio Club Tenerife adelantara en su informativo el contenido de ambos documentos, “los dos últimos informes jurídicos internos encargados por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, en relación con el edificio de servicios de la playa de Las Teresitas no implicarán cambios en la gestión llevada a cabo hasta ahora por el Ayuntamiento, que ya ha encargado el proyecto de derribo total”.

Afirma el Consistorio que los documentos, elaborados por los servicios jurídicos de la Corporación y por la Secretaría General del Ayuntamiento, no interfieren ni contradicen la línea de trabajo que ha seguido el grupo de gobierno para dar cumplimiento a la sentencia de la Audiencia Provincial del 18 de noviembre de 2014.
Recordó el Consistorio que ya adjudicó el pasado 16 de diciembre a la empresa Gestur la redacción del proyecto de demolición total del edificio de servicios, para lo que dispone de un plazo de tres meses. “Los dos nuevos informes fueron solicitados por el alcalde para descartar por completo la posibilidad de ir a una demolición parcial, lo que explica que en su momento se encargara también a Gestur un proyecto para dar respuesta a esa contingencia, hoy descartada”, concluye el comunicado.

Lo cierto es que, leyendo el informe emitido por el secretario municipal, Luis Prieto, se entiende que el Ayuntamiento no tenga más remedio que admitir que efectivamente no hay base para una demolición parcial. Sin embargo, si el informe jurídico de la Gerencia Municipal de Urbanismo fue contundente en sus afirmaciones, este último es algo más ambiguo, introduciendo términos como ese “de momento” que apunta de manera directa al Plan Especial de Las Teresitas, el último de los cartuchos municipales para evitar el derribo del edificio.
El citado documento del secretario municipal, concluye que teniendo en cuenta que la dotación de los aparcamientos que vienen recogidos en el PGO en el frente de playa de Las Teresitas forman parte de la ordenación estructural, que tiene carácter vinculante, y que la ordenación pormenorizada obliga a redactar un Plan Especial, no queda más remedio que admitir que, “dada la ausencia de ordenación pormenorizada completa, no será posible, en este momento, legitimar ninguna actuación de ejecución material de urbanización, edificación o uso del suelo”.

En el último punto del informe se señala que “respetando los criterios de la ordenación estructural y condiciones de desarrollo de la ordenación señaladas, la decisión planificadora discrecional sólo sería admisible si guarda coherencia lógica con los hechos determinantes, los principios generales del derecho y el fin de la actividad administrativa, que no es otro que el servicio con objetividad de los intereses generales”.

Plan Especial

Gestur tiene tres meses para entregar el proyecto de demolición del mamotreto y según ha podido saber este periódico, una vez entregado, el Ayuntamiento tiene una semana para ejecutar el derribo porque de lo contrario entraría en desacato. Este plazo de tiempo resulta fundamental si se tiene en cuenta que el Plan Especial de Las Teresitas, tal y como apunta el informe del secretario, sería la única herramienta administrativa que podría, si el juez lo estimara, tal y como ya ha manifestado el Ayuntamiento, mantener el edificio, que no legalizarlo porque es imposible.

El Plan Especial de Las Teresitas también está siendo redactado por Gestur desde el pasado mes de diciembre. Sin embargo, los plazos a los que se enfrenta este documento para poder aspirar al menos a su aprobación inicial, según las fuentes consultadas, se van a ir mucho más allá de esos tres meses, casi hasta después del verano, si no surge ningún tipo de impedimento.

Por tanto, señalan las fuentes, que es poco probable que Gestur pueda aprobar en tres meses un proyecto de demolición y que el Ayuntamiento a su vez tenga listo para aprobación inicial ese documento y enviar ambos conjuntamente al juzgado.

Denegada la suspensión de pena a Parejo

De los seis condenados por el caso Mamotreto, al menos dos no tendrán que cumplir la pena de cárcel impuesta, mientras que un tercero ya no cuenta con esta opción puesto que le ha sido denegada. Se trata del exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo, a quien la titular del Juzgado número 5 de lo Penal ha denegado la suspensión de los tres años a los que ha sido condenado, algo que sí ha hecho con Candelaria Benítez, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS, y con el exconcejal de Obras, José Domínguez Pastor, que tampoco entrará en prisión y que estaba condenado a un año y medio de cárcel. De esta forma a Manuel Parejo, que al igual que los otros dos condenados, ya ha presentado los avales necesarios en el juzgado para cubrir la parte patrimonial que le corresponde del derribo del mamotreto, se encuentra a la espera de que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre un posible indulto ya que, la segunda apelación que su abogado presentó al Constitucional también fue denegada.
Según detalló ayer a este periódico el abogado de Candelaria Benítez, Alfonso Delgado, la suspensión de la pena de cárcel para quien haya cometido su primer delito y siempre que fuera inferior a dos año es una posibilidad que viene recogida en el Código Penal desde 1995 y siempre ha sido potestad del juez su aplicación. En el caso de su defendida, el abogado la solicitó y una vez que llegaron los antecedentes penales, la juez admitió su aplicación con el beneplácito del fiscal.
El abogado destaca que en julio del año pasado se llevó a a cabo una importante modificación de este artículo y que tiene que ver con que los condenados pueden presentar avales para hacer frente a las cantidades que se deriven del proceso, algo que ha permitido a Benítez aportar un inmueble en vez de dinero en efectivo, como aval. También recuerda el abogado que la suspensión solo es aplicable a la pena de prisión y que se mantiene siempre que no vuelvan a delinquir y paguen los costes impuestos.