Caso Arona / Declaran los testigos

Paco García Santamaría: “Aquellos años fueron terribles en Arona”

Paco García Santamaría , el denunciante del caso / NORCHI
Paco García Santamaría , el denunciante del caso / NORCHI

“Aquellos años fueron terribles en Arona”, declaró Paco García Santamaría, exconcejal del PSOE desde 1995 a 2010, en referencia a la etapa en que denunció una supuesta trama de corrupción urbanística y de contrataciones ilegales, el 17 de enero de 2006 ante la Fiscalía Nacional.

El exportavoz socialista en la etapa que se juzga -mandato 2003-2007- declaró en la séptima sesión del juicio oral por el caso Arona 1 en calidad de testigo y lo hizo de manera firme, pese a que a mitad de su interrogatorio se desmoronó, cuando rompió a llorar al recordar que algunos concejales de su grupo fueron despedidos del trabajo, por un empresario hotelero, tras aquella denuncia que ponía en peligro no solo las casas de autoconstrucción sino también grandes complejos hoteleros cuando aún no había llegado la gran crisis. “Fue terrible la persecución política que tuvimos que pasar”, manifestando que “me rayaron y me rompieron la luna del coche, me insultaban por la calle y el alcalde llevaba a los plenos a sus afines para que me abuchearan”.

Sin embargo, a García Santamaría lo que más le molestó en aquellla etapa e incluso hoy en día, porque sigue siendo militante socialista, es que “el problema no era el régimen que estaba instalado, sino mi propio partido que me dejó tirado”.

Unos años, mediados de la pasada década, en que se trataba de imponer una dictadura informativa, según denuncia Santamaría, porque “se llegó a amenazar de muerte a varios periodistas por informar de nuestra denuncia”, indicó.

García Santamaría hizo un recordatorio, a preguntas de la fiscal, de cómo se gestó la denuncia origen del macrojuicio que se desarrolla en la Audiencia Provincial desde el día 12 de enero, nueve años después de que la presentara en Madrid, aunque un mes antes la había anunciado en rueda de prensa, coincidiendo en el tiempo con un expediente que le abrió el Ayuntamiento por obras ilegales en el Camping Nauta, una empresa familiar.

García Santamaría decidió coger un avión con destino a Madrid el 17 de enero, a las tres de la mañana, y plantarse cuatro horas después con una maleta cargada de documentación, en la Fiscalía Anticorrupción. En la valija llevaba unos doscientos expedientes de otras tantas obras supuestamente ilegales y 75 contratados que fueron fraccionados para saltarse el concurso público, una documentación que adquirió tras darle la razón el TSJC en una denuncia hacia el grupo de gobierno por no facilitarle la información de expedientes.

Declaró García Santamaría que “se dieron licencias en zonas sin equipamiento y urbanización, en unidades de actuación que estaban mal gestionadas”, recordando que antes de la denuncia en la Fiscalía, presentó “multitud de escritos en la comisión de Urbanismo y plenos”, pero “no se nos hizo caso”; además se tardaba hasta un año “para aprobarse las actas”, poniendo como ejemplo que las del período 2008-209 se aprobaron en 2012 cuando ya no estaba el gobierno anterior.

Desmintió a Olga López, la abogada del exalcalde y exconcejales que se sientan en el banquillo de los acusados, cuando le insinuó que había presentado la denuncia por venganza e incluso llamó mentirosa a la letrada cuando dijo que hubo testigos que le vieron comer con el juez Nelson Díaz -instructor del caso- en el restaurante La Fresquera.

Insistió que su denuncia tenía la intención de “cambiar la forma de actuar del gobierno en el Ayuntamiento, pero la trama siguió” y relató una reunión en casa del empresario Pedro Suárez, con un cabo de la Guardia Civil, Berto Reverón y Antonio Sosa presentes en la que se le invitó para “acercar posturas”, pero “luego me dí cuenta de que se trataba de montarme una trampa para meterme a mi y a los concejales socialistas en su juego y terminar desacreditándonos”.

Cree que en esa reunión se habló de licencias y remarcó que él denunciaba “una trama política” y aunque tenía indicios de una “trama entre políticos, técnicos y empresarios”, no tenía pruebas para denunciarlo, remarcando, eso sí, que “los empresarios que tenían acceso al Ayuntamiento siempre eran beneficiados”.

Alicia Rodríguez / S. MÉNDEZ Carmen Ana Díaz Alayón / S.M. Manuel Lidia Melo / N.C.
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Carmen Ana Díaz Alayón / S.M.

La declaración de tres juristas municipales

Alicia Rodríguez Hernández: ““Las licencias de obra estaban mal concedidas”
Alicia Rodríguez, debido a su avanzado estado de gestación, fue la primera en declarar, antes del turno de García Santamaría. La técnico en disciplina urbanística de Arona fue parca, pero clara en sus palabras: “Las licencias de obra estaban mal concedidas jurídicamente y si por eso las revocábamos; eran manifiestamente ilegales,”, mientras reseñaba las discrepancias entre técnicos y juristas, aunque “no creo que hubiera motivaciones espurias en las concesiones”.
Carmen Ana Díaz Alayón: ““El secretario hacía suyo los informes desfavorables”
“Recuerdo que el secretario hacía suyo los informes jurídicos desfavorables, aprobarlos era potestad de la junta de Gobierno, aunque para el servicio jurídico las licencias incumplían de forma categórica el PGO de 1987, que además añadió que se incorporó en 2002 al puesto de trabajo y “ya era habitual que se aprobasen licencias con informes desfavorables”, tras recordarle la fiscal que el expediente de Guaza Motor lo había calificado como “un caso fragante de ilegalidad”.
Manuela Lidia Melo: “No era mi obligación hacer advertencias, solo informar”
Desde 1980 hasta 2006, en la que la apartaron del servicio, Manuela Melo fue la máxima autoridad jurídica en Urbanismo. “Nunca tuve dudas, si una unidad de actuación no estaba gestionada no procedía concederle la licencia”, reconociendo que el alcalde “nunca” le pidió que informara en un sentido u otro. “Los informes no se podían consensuar con nadie; nuestra misión no era advertir, sino informar; yo hago informes no velo por la integridad de nadie”, sentenció.