El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer el Plan de Inspección del Transporte por Carretera para 2016, aprobado por el Gobierno autonómico el 28 de diciembre, para fijar las directrices comunes que deberán cumplir los cabildos, que tienen delegada la labor inspectora.

El plan tiene como fin general mejorar el grado de cumplimiento de la normativa en vigor para que el fraude existente no afecte de manera significativa a la ordenación del transporte en carretera, por lo que se reforzarán las medidas de lucha contra la economía sumergida y la competencia desleal en el sector.
El documento fija los criterios para los controles sobre la vigencia de autorizaciones para transporte público de personas (con incidencia especial en el de escolares y menores) y de mercancías; los tiempos de conducción y el descanso obligatorios; las manipulaciones del tacógrafo y el limitador de velocidad; la cualificación y formación de los conductores; los excesos de peso; las mercancías peligrosas, y la obligación de la contratación de la capacidad total de los vehículos que realizan transporte discrecional de viajeros.

En la resolución publicada en el BOC se expone que el sector en Canarias “está muy atomizado, lo que puede provocar, de mantenerse la misma flota de vehículos, un exceso de oferta que con seguridad dará lugar a la aparición o intensificación de determinadas conductas anómalas que traten de reducir costes, lo que indicaría el posible incumplimiento de alguno de los requisitos para realizar tal actividad”. Según esta planificación, los cabildos deben prestar especial atención al transporte viajeros, sobre todo el turístico y el de mercancías por carretera, con origen o destino sobre todo en zonas logísticas y puertos.