Los delitos de agresión y abusos sexuales se han incrementado y lo más preocupante es que este aumento es sobre todo contra víctimas menores de edad. El Tribunal Supremo nos ha dado unos datos escalofriantes en cuando a estas víctimas, ha indicado que en muchos de los casos el condenado puede figurar en el álbum familiar o en una foto del salón, junto a la víctima. Este tipo de abusos se suele repetir a lo largo de los años y el menor no los da a conocer por miedo, por vergüenza o por el hecho de que no lo creerán, lo más habitual es que ya cuando se hacen mayores se enfrentan a ellos y deciden contarlo.

El agresor suele buscar los momentos de soledad con el niño o niña, porque estas últimas son las que más sufren los ataques y suelen comenzar sobre los 11 años. El Supremo pone también el ojo avizor en que es frecuente recibir regalos de su agresor, siendo el obsequio estrella un teléfono móvil o la realización de recargas. Últimamente ha habido algunas reformas penales importantes en cuanto a la protección de estos menores y con especial incidencia en lo relativo a la pornografía infantil, sin embargo, donde está la novedad importante en la elevación de la edad del consentimiento sexual a los 16 años, recordemos que antes estaba fijada a los trece años, de manera que el que realice actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años. Y por último, y donde me detendré más, es en la novedad legislativa que da título a este artículo, o sea, la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales, que contendrá la identidad, perfil genético, penas y medidas de seguridad impuestas a aquellas personas condenadas en sentencia firme, tanto en España como en otros países, y en particular los Estados de la Unión Europea, por cualquier delito contra la libertad e indemnidad sexuales o por trata de seres humanos con fines de explotación sexual, incluyendo la pornografía. La idea es la de proteger a los menores y conocer de antemano si quienes pretenden acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen el contacto habitual con menores, carecen o no de condenas penales por estos delitos. La inclusión tendrá carácter retroactivo porque los datos que ya se disponen en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores con anterioridad se incluirán automáticamente a esta base de datos de delincuentes sexuales. Los interesados podrán pedir certificaciones sobre los datos relativos a su persona y certificaciones negativas respecto a personas que no figuren inscritas.

La cancelación de los datos se producirá en función de si la víctima es mayor de edad o si el condenado lo hubiera sido por hechos cometidos durante su minoría de edad, que en general es a los diez años, si es menor edad trascurridos diez años, a contar desde la mayoría de edad y si la víctima fuera menor de edad y el condenado mayor de edad, la cancelación se realizará cuando haya transcurrido el plazo de treinta años, a contar desde el día en que se considere cumplida la pena.

En otros países registros similares existen desde hace años, en Estados Unidos desde más de cincuenta, pero aquí rizan el rizo y los datos son difundidos públicamente, de hecho, desde que quedan libres se advierta a la población y difunden información tan amplia de ellos que algunos ya han sido asesinados.