Hubo juicio y lo seguirá habiendo, según el calendario previsto, durante 36 sesiones hasta el 9 de mayo, en el que quedará visto para sentencia el llamado caso Arona 1, en el que se juzga a 13 acusados por los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, con penas de cárcel, años de inhabilitación y multas millonarias.
El tribunal, como se preveía, descartó la petición de nulidad solicitada por las defensas, que formalizaron la protesta excepto la letrada del exalcalde y exconcejales acusados, Olga López, que admitió las razones dadas por Lucía Machado, juez-presidenta del tribunal que también componen María Vega, jueza ponente, y Aurelio Santana.
Y el primer interrogatorio de aquí a mayo no tuvo desperdicio, al admitir el exalcalde González Reverón, a preguntas de la fiscal -no quiso contestar a la acusación particular-, que “no motivamos los reparos a las licencias, por desconocimiento, de haberlo hecho, hoy no habría caso Arona, hoy estaba sobreseído”, indicó cuando Francisca Sánchez le preguntó por los informes contrarios de los juristas del Ayuntamiento a 205 licencias urbanísticas entre 2003 y 2007.
[sws_grey_box box_size=”100″]El libro del juez: Una de las razones que buscó la letrada defensora de Reverón para encontrar las causas de la denuncia a su cliente es que el juez Nelson Díaz, con quien compartió actos culturales, estaba molesto con el anterior alcalde (Miguel Delgado) por no publicarle un libro[/sws_grey_box].
El alcalde de Arona en ese mandato no tuvo reparos en reconocer que no se leía las actas del secretario municipal ni la de los secretarios accidentales que pasaron por el Ayuntamiento “cuando el primero estaba enfermo”, y que en ningún caso, en las juntas de gobierno, “el secretario anunciaba a viva voz los reparos”, y que en todo caso estos “eran subsanados después”, porque contaban con los informes técnicos pertinentes, levantando su tono de voz para afirmar que “jamás di una licencia para beneficio propio o de alguien”, y “nunca di una licencia en suelo rústico o protegido”.
Según el exalcalde, las licencias urbanísticas se concedían al margen de lo dictado por el PGO de 1987 porque “la realidad física” del municipio no coincidía con lo establecido en ese documento, aclarando que se daban licencias de construcción en unidades de actuación no gestionadas urbanísticamente porque se trataba de “suelo urbano consolidado de hecho”, al estar situado en núcleos habitados desde hacia 40 o 50 años, como Las Galletas o Guaza, admitiendo, eso sí, que tras la denuncia en 2006, comenzó a preocuparse, “porque nunca había pisado un juzgado”, si bien insistió en que “nunca” prevaricó.
LAS CONTRATACIONES
Otro de los delitos de los que se le acusa al exalcalde, hoy inhabilitado para cargo público, es la de tramitar 75 expedientes de contrataciones con informes en contra, sin que estén metidos en ellos los contratos con personas físicas, que van en piezas separadas, como le recordó la jueza presidente a la fiscal Francisca Sánchez, que dejó constancia de haber aterrizado recientemente en la Fiscalía de Medio Ambiente que llevaba Inmaculada Violán. A Reverón se le acusa de fraccionar contratos de obras y servicios para evitar la convocatoria de concurso público y así adjudicar directamente los trabajos a cuatro empresas concretas del municipio.
El exalcalde desmintió que hubiera fraccionamiento de contratos para que ninguno de ellos superara los 30.000 euros y eludir de ese modo un concurso público y sostuvo que eran actuaciones urgentes, necesarias y de “emergencia social”, como en el caso de los nichos y osarios del cementerio, sin aclarar por qué esos contratos “diferentes” se hacían en la misma junta de gobierno y siempre a las mismas empresas, según la fiscal.
[sws_grey_box box_size=”100″]La denuncia del ‘camping’ como objeto de venganza
Tratando de buscar poner a la venganza como el móvil de la denuncia que destapó el llamado caso Edén, hoy Arona 1, la propia abogada del exalcalde, Olga López, le preguntó a González Reverón sobre un incendio ocurrido en 2006 (el año de la denuncia) en el Camping Nauta, propiedad del denunciante, el exconcejal del PSOE Paco García Santamaría, que fue multado por el Ayuntamiento por ocupar suelo rústico, tras comprobarse que la caravana incendiada se encontraba en suelo rústico protegido, a raíz de un informe elaborado por la Guardia Civil. Sin embargo, lo que no se dijo ayer en la sesión es que aquella denuncia de junio de 2006 se guardó en el Consistorio hasta marzo de 2007, cuando ya estaba cursada la denuncia de Santamaría ante la Fiscalía Nacional, una denuncia que terminaría por desunir al Partido Socialista, que tras las presiones por la denuncia, perdía a José Antonio Reverón y al propio Paco García Santamaría, ya cuando la denuncia la había hecho suya la Fiscalía Provincial. González Reverón dijo que la multa impuesta al Camping Nauta fue de “50.000 o 60.000 euros” y que no recordaba si el caso pasó a la vía penal, recordando además que Santamaría tenía negocios hoteleros y algunas de sus obras en Los Cristianos “contaron con informes negativos”, dijo el exalcalde.[/sws_grey_box]