El portavoz de XTF-NC en el Ayuntamiento de La Laguna, Santiago Pérez, denunció ayer, en rueda de prensa, el uso “fraudulento” que hace el equipo de gobierno de las contrataciones menores de servicios, suministros u obras.

El edil recordó que la ley permite que se adjudiquen directamente, sin necesidad de sacar a licitación, suministros, servicios u obras cuando se tratan de pequeñas cuantías. En concreto, de menos de 18.000 euros en el caso de servicios y de menos de 50.000 euros para obras. Sin embargo, Pérez criticó que el Ayuntamiento de La Laguna realiza una práctica “ilegal y fraudulenta” de este tipo de contratos al dividir servicios, que superan esas cuantías y que se repiten año tras año, en otros más pequeños para poder acogerse a la ley de contratos menores y adjudicarlos “a dedo” y “siempre a las mismas empresas”.

En concreto, Santiago Pérez señaló, por ejemplo, que hay empresas que, con solo dos trabajadores, facturaron más de 300.000 euros en 2015 al sumar todos los contratos que el Consistorio le concedió, frente a otras que sí que han tenido que concurrir a licitación por importes mucho menores. “Se trata a todas luces de empresas intermediarias, que luego subcontratan los servicios a otras que son las que los realizan”, apuntó, y se cuestionó “quién está detrás de este circuito de contratación”.

El edil sostuvo que si se sacaran a licitación podrían concurrir más empresas “y el Ayuntamiento lograría una relación calidad-precio mejor”.

“ANORMAL”
“Esto es completamente anormal -criticó Pérez-. El alcalde tiene que poner coto a estas prácticas, pero no quieren de verdad erradicar este tipo de prácticas que están muy asentadas”.

Por ello, el portavoz de XTF-NC apuntó que desde la oposición “vamos a presentar propuestas muy importantes para el debate presupuestario” sobre estos contratos menores, porque “el Pleno debe de establecer garantías para que a la hora de gastar el dinero público, el Gobierno se tenga forzosamente que atener a la legalidad y la transparencia”.

Santiago Pérez indicó que, a finales del pasado mandato, llevó este tema ante la Fiscalía que, aunque reconoció que una media docena de empresas tenían “una relación especialmente productiva” con el Ayuntamiento, no siguió adelante con la denuncia, por lo que la única opción sería llevarlo a los tribunales. Pero, “con qué recursos va la oposición a los tribunales”, se cuestionó Santiago Pérez. Por ello, manifestó su intención de proponer que en las bases de ejecución del presupuesto para 2016 se establezca que “cuando la oposición litiga en defensa de la legalidad, el coste lo asuma también el presupuesto del Ayuntamiento”, y no solo el del equipo de gobierno.