Caso Arona 1 / Declaran los testigos

Los secretarios accidentales, demoledores: “Advertimos de las ilegalidades”

Los secretarios accidentales desmontaron la tesis de los acusados / NORCHI
Los secretarios accidentales desmontaron la tesis de los acusados / NORCHI

Por si faltaba alguna prueba más de que durante años en el Ayuntamiento de Arona las licencias se concedían con informes desfavorables y las contrataciones de obra se fraccionaban para concederlas a dedo, la octava jornada del juicio oral del llamado caso Arona 1 fue clarificadora: los funcionarios que llegaron a actuar en algún momento como secretarios accidentales, ante la enfermedad del titular, y hasta la figura del interventor, reconocieron que advirtieron en repetidas ocasiones a la Junta de Gobierno Local de que incurría en delito.

Hay que recordar que la defensa del exalcalde y los seis exconcejales del mandato 2003-2007 que se sientan en el banquillo de los acusados había insistido hasta ahora en que había contradicciones en los informes (técnico-jurídico) y que el secretario fallecido había avalado los jurídicos, algo que desmintieron hoy los cinco secretarios accidentales que pasaron por el Palacio de Justicia en calidad de testigos, afirmando que se advertía, verbalmente, de la ilegalidad que se cometía en la tramitación de licencias con informes jurídicos desfavorables o en conceder contrataciones que se fraccionaban en varias obras para evitar el concurso público y así poder adjudicarlas casi siempre a los mismas cuatro empresas que mantenían relación con el Ayuntamiento.

Los primeros en declarar hoy fueron los aparejadores municipales Francisco García y Manuel Pérez Beautell, sin que fueran demasiado clarificadora su aportación, excepto cuando este último reconoció que el empresario Arsenio Zamora, uno de los acusados, “era asiduo en la Oficina Técnica del Ayuntamiento”.

Clarificadora si fue, en cambio, la intervención de cinco funcionarios que en algún momento de aquel mandato llegaron a actuar como secretarios accidentales, todos por su condición de licenciados en Derecho, aunque

Javier Hernández Velázquez fue el más claro en su declaración / NORCHI
Javier Hernández Velázquez fue el más claro en su declaración / NORCHI

no estuvieran en el departamento jurídico y sí en Tributos o Recursos Humanos, por ejemplo. Asísmismo intervino el interventor municipal desde 1998 a 2005, Miguel Ángel Rojo Garnica, que fue contundente al afirmar que se fraccionaba las obras para evitar que el coste superara los 30.000 euros y por tanto fuera obligado el concurso público. “Puse multitud de reparos -declaró Rojo- , pero el alcalde decía, enterado del reparo, levántese”, concluyó.

En ese instante la letrada del exalcalde y el resto de miembros de la Junta de Gobierno, Olga López, le recordó al interventor que no lo tenía tan claro cuando consultó con otros interventores y puso como ejemplo una sentencia a favor del Ayuntamiento de Arafo, entre 2001-2004, en que pese a la acusación del fiscal “se archivó el expediente”.

De igual trascendencia, o más, que la declaración del interventor, fue la de Javier Hernández Velázquez, funcionario en el Ayuntamiento durante diez años (1996-2007)que abandonó después de recibir presiones por informar desfavorablemente de manera continuada, siendo objeto incluso de un expediente disciplinario que quedó archivado. El hoy conocido escritor de novela negra, denunció que “me intentaron amedrentar” y reconoció ante la acusación particular, que “otros compañeros también fueron presionados”.

Javier Hernández Velázquez, al igual que con anterioridad había declarado Arama Fuentes, advirtió a los concejales de que “incurrían en delito” al conceder licencias urbanísticas con informes jurídicos desfavorables, que según los cinco secretarios accidentales que testificaron ayer “se leían en las juntas”, algo que negaron los políticos acusados, excepto Daniel Martín.
Con la misma rotundidad se mostró a la hora de hablar de las contrataciones -donde era jefe de sección- porque para él “el asfaltado de varias calles de un mismo barrio era una misma obra y no cuatro”, aparte de recordar que no había ninguna urgencia en esos expedientes y se adjudicaban el mismo día.

LAS FRASES

Arama Fuentes: “Se advertía a la Junta que podía existir delito según informes jurídicos”

José Javier Bethencourt: “Entiendo que había discrepancias entre el secretario y el servicio jurídico”

José García Doncell: “No recuerdo nada que me llamara la atención en la licencia de Proguito”

Javier Hernández Velázquez: “Recibí presiones con los expedientes y me intentaban amedrentar”

Miguel Ángel Rojo Garnica (interventor): “Puse multitud de reparos. El alcalde decía, enterado del reparo, levántese”

Carmen Teresa Hernández : “Siempre se leen los informes técnicos y jurídicos en la Junta de Gobierno”