Caso Áridos

Sentenciados a restaurar el daño medioambiental causado en años

Plasencia y Esteban Sola, su abogado, abandonan la sala tras la sentencia / SERGIO MÉNDEZ
Plasencia y Esteban Sola, su abogado, abandonan la sala tras la sentencia / SERGIO MÉNDEZ

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ratificó la condena de un año y tres meses de cárcel para los tres empresarios (Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia) que, tras un acuerdo firmado hace una semana, se reconocieron culpables de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por la extracción áridos en los barrancos de Güímar, desde 1992 hasta 2008.

El juicio del llamado caso Áridos continuó al no firmar el acuerdo, el cuarto arenero acusado, Francisco Javier del Rosario Fuentes, dentro de una pieza separada que comenzó a juzgarse hoy mismo, tras dictarse sentencia de la pieza principal en donde estaban inmersos los tres empresarios ya condenados, que no entrarán en prisión al suspenderse la pena privativa de libertad, por el espacio de dos años, condicionadas al cumplimiento de las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado que se adopten a su cargo en ejecución de sentencia.

La sentencia, hecha pública por el juez Joaquín Luis Astor Landete, recoge también inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena e inhabilitación especial para una profesión u oficio relacionada con los hechos durante un año y medio, así como una multa a razón de 30 euros diarios (para Plasencia) y 10 euros (Morales y Sicilia) durante nueve meses y el pago de costas a partes iguales.

Además, se obliga a cada uno de los condenados a restaurar las zonas dañadas para lo cual, las administraciones competentes (Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento de Güímar) deberán elaborar el pertinente plan de restauración. El peritaje de la zona deteriorada por la actividad extractiva cifró en 279 millones de euros la cantidad necesaria para dejar el terreno en las mismas condiciones que se encontraba antes del delito.

Solo Antonio Plasencia Santos, expresidente de los constructores tinerfeños, depositó en su día una fianza de 52 millones de euros en avales inmobiliarios, mientras los otros dos empresarios se declararon insolventes, un hecho que puso en duda la acusación particular satisfecha con el acuerdo, al igual que la Fiscalía, si bien entienden que en el banquillo también se deberían haber sentado los que permitieron el delito y que ahora, paradógicamente, tendrán que velar por la restauración del terreno dañado.