CASO ARONA

Los letrados de los 13 acusados solicitan la nulidad del proceso

El tribunal que juzga desde ayer a los 13 acusados del caso Arona 1, compuesto por María Vega Álvarez (jueza ponente), Lucía Machado y Aurelio Santana, decidirá hoy sobre la nulidad del procedimiento llevado a cabo por el juez instructor Nelson Díaz, a quien acusaron los letrados de la defensa de “falta de imparcialidad” de un caso que tardó siete años en instruir.

El tribunal decidirá sobre la nulidad solicitada, tras una sesión que duró tres horas y en donde solo se trataron las cuestiones previas, en las que tanto la fiscal, Francisca Sánchez, como el abogado de la acusación particular, Santiago Martínez Martínez -representante del empresario denunciante, José Ramón Ansorena- trataron de desmontar la petición de nulidad recordando que no hubo ninguna recusación al juez durante la instrucción, manteniendo que las escuchas telefónicas durante 18 meses fueron legales.

Algunos de los abogados defensores llegaron a calificar la instrucción de Nelson Díaz como “inquisidora” y hasta llegaron a manifestar “cuestiones familiares” por la vecindad del juez con casi todos los acusados al “vivir en Los Cristianos”.

Olga López Lago, la abogada de José Alberto González Reverón y los otros seis miembros del grupo de gobierno en 2003-2007, fue la primera en solicitar la nulidad del procedimiento “por manifiesta parcialidad del juez instructor, que ordenó masivamente escuchas telefónicas durante 18 meses por no tener más pruebas que una licencia urbanística irregular”, e insistió en que el empresario Ansorena Carrera no puede ser acusación particular cuando solo estaba en el procedimiento como perjudicado, no como denunciante.

Olga López, que ya defendió al exalcalde en una pieza separada de este caso juzgada en diciembre por obras sin licencia en el hotel Sir Anthony, señaló que “hubiera sido mejor piezas separadas que este macrojuicio tras siete años de instrucción”.

Juan Manuel Fernández del Torco, defensor del aparejador municipal Eliseo de la Rosa, se sumó a la nulidad pedida por Olga López e insistió en que Ansorena no puede convertirse en acusación particular sin antes haber presentado una querella contra su cliente, adelantando además que la cinta que grabó este empresario vasco a Arsenio Zamora y en la que se nombra a Eliseo de la Rosa, “se hizo entre 1999 y 2003, cuando era alcalde Miguel Delgado y se guardó esa grabación hasta el año 2006”, año en que el exlíder socialista Paco García Santamaría presentó la denuncia por prevaricación urbanística en casi 300 licencias en la Fiscalía Nacional. Curiosamente, Juan Manuel Fernández del Torco explicó que, en todo caso, la indemnización a cubrir por su cliente, el aparejador Eliseo de la Rosa, la cubriría la póliza que el Ayuntamiento tiene contratada con Mapfre, algo que desmontaría posteriormente tanto la fiscal como la acusación particular, al leer varias cláusulas de la citada póliza.

María del Carmen Luis, la abogada del empresario Arsenio Zamora, que según la transcripción de la cinta grabada por el hijo de José Ramón Ansorena le pidió 45 millones de pesetas para lograr una licencia de obra, criticó la vulneración de derechos en su detención por parte del juez Nelson Díaz -72 horas, lo que marca el Constitucional- e incidió en que la causa es “nula de pleno derecho” porque, entre otras razones, “nunca llegó a aparecer el magnetófono con el que se grabó”, afirmó. Rafael Vasco, abogado del aparejador Roberto de Luis, también cuestionó la vulneración del derecho al considerar que los hechos ya eran investigados por el Juzgado Número 1 de Arona y no se tendrían que haber abierto otras diligencias por parte de Nelson Díaz en el Número 2. De Luis fue denunciado por un sobrino suyo por cobro de comisiones y su caso fue sobreseído.

El juicio se reanudará hoy a las 9.30 horas con la resolución del tribunal sobre la nulidad solicitada por las defensas. De desestimarse, se iniciarían los interrogatorios con el exalcalde José Alberto González Reverón.

Fiscal y Acusación Particular insisten en las “garantías jurídicas” de la instrucción
La fiscal Francisca Sánchez, que dejó la Fiscalía de Violencia de Género para sustituir a Inmaculada Violán, rechazó la petición de nulidad de las actuaciones que pidió la defensa y recordó a los abogados que si no había imparcialidad del magistrado se debió presentar una recusación, lo mismo si se consideraba que la instrucción era inadecuada, algo que no hicieron durante el largo proceso hasta el día de ayer.
Sobre los registros, indicó que fueron ordenados “con todas las garantías jurídicas”, y en cuanto a los interrogatorios, comentó que si eran “inquisitoriales” -como llegó a decir Olga López, la abogada del exalcalde-, “un imputado sabe que tenía derecho a no declarar”.
Francisca Sánchez tildó de “diabólica” la posición de las defensas sobre la acusación particular, y manifestó que el contenido de las grabaciones telefónicas era “delictivo” y que por tanto prevalece sobre el derecho a la intimidad, como remarca el Constitucional”, apoyando que la Sala resuelva las cuestiones previas planteadas antes de que inicien los interrogatorios.
La acusación particular, ejercida por Santiago Martínez Martínez, tras el sorprendente abandono hace dos meses del letrado Felipe Campos, recordó que gran parte de los argumentos de la nulidad ya fueron rechazados en un auto judicial en 2013, y defendió que “no hay motivos para justificar la supuesta parcialidad del juez”, entendiendo que el tribunal se tomara su tiempo para decidir al tratarse de “un asunto complejo”, reconoció.